Pese al poco apoyo recibido por parte de la mayoría de los países occidentales, España consolidó ayer el reconocimiento de Palestina como Estado, uniéndose a Noruega e Irlanda. Un paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez enmarcado como «un acto de paz», aunque ello haya supuesto la apertura de un nuevo conflicto diplomático con Israel.
Esta medida supone el cumplimiento de una promesa política  que ya había anunciado con anterioridad el líder socialista. Sin embargo, dado el actual contexto geopolítico y la compleja composición de los territorios que conforman el país asiático, el anuncio no despeja algunos interrogantes sobre las consecuencias prácticas que tendrá.

¿Por qué se aprueba?

El Gobierno, integrado por el PSOE y Sumar, se comprometió a aprobar dicho reconocimiento, en línea con la proposición no de ley acordada en el Congreso en 2014 por la mayoría de los grupos políticos.
La situación en Palestina tras los ataques terroristas de Hamás en territorio de Israel el pasado 7 de octubre y la respuesta del Ejército de este país en la Franja de Gaza, que ha causado más de 35.000 muertos, empujó al Ejecutivo de Sánchez a dar el paso definitivo con el fin de presionar a una solución al conflicto de Oriente Próximo.

Fronteras

Según el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Eduardo Trillo, no es algo que España tenga que concretar, porque Palestina, en este momento, carece de unos límites definidos según el derecho internacional.
Por ello, añade el docente, más a que a nivel jurídico, el reconocimiento debe ser sobre todo interpretado como «un empuje político al proceso de paz y un apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino».

¿Cumple los requisitos?

Reconocer a un nuevo Estado requiere que haya una población definida, un territorio delimitado y un gobierno que ejerza la autoridad sobre él. «En el caso de Palestina, ningún supuesto se cumple ahora porque no existen fronteras internacionalmente establecidas», apunta Trillo. De igual modo, destaca, no hay una administración que tenga el control sobre toda la región -Cisjordania y la Franja de Gaza-, puesto que en el primero lo ejerce la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y en el segundo, lo tenía Hamás hasta la guerra con Israel y es una facción a la que España no considera interlocutora.

¿Acciones a acordar?

España puede a partir de ahora formalizar las relaciones políticas con Palestina e incluso firmar tratados internacionales, entre otras iniciativas.
Hasta ahora, el Ejecutivo tiene suscrito un memorando de entendimiento de cooperación desde 1994 por el que se canaliza la ayuda humanitaria al pueblo palestino y otro para el establecimiento de consultas políticas desde 2012.

¿Abrirá una embajada?

Es una medida discrecional del Gobierno, según la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Beatriz Gutiérrez. A día de hoy, es el Consulado General de España, situado en Jerusalén, el que ejerce como «embajada» y canaliza la relación con la ANP.
Entre los interrogantes, añade la experta, está también el reconocimiento de Jerusalén Este como capital de Palestina, una situación difícil de materializar.

¿Consulado en Madrid?

La ANP cuenta con una oficina en Madrid, que desde 2010 tiene rango de misión diplomática -antes era «delegación»- y sus locales tienen inviolabilidad.
El responsable de esta ejerce de embajador en la práctica y participa en las recepciones del rey de España al cuerpo diplomático. En su web, se habla de «La Embajada de Palestina en España».

Conflicto en curso

El conflicto bélico entre Israel y Hamás dificulta dar contenido al reconocimiento estatal de Palestina. «Hasta que no acabe la guerra, es difícil hacer una perspectiva de los efectos prácticos. Es pronto para ver cómo se va a gestionar», apostilla la docente, quien conviene en que la medida adoptada por España debe ser vista, sobre todo, desde «un punto de vista simbólico más que jurídico».