El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló hoy que la Ley estatal de Vivienda, que ahora cumple su primer año desde su aprobación, "carece de aplicación práctica" en Castilla y León, donde "el mercado sigue presidido por las actuaciones de la Junta". "Se dota de seguridad jurídica a través de distintas medidas. Esa es la que hay que promover, no la inseguridad", comentó el consejero, quien apeló también a "toda la política de promoción, construcción de nuevas viviendas en alquiler de promoción pública e incentivación de la privada mediante la modificación de los precios de VPO de promoción privada y actualización de los precios de alquiler, y que son el camino adecuado".
Así lo trasladó durante una jornada para analizar los efectos y la realidad de la Ley de Vivienda estatal, desarrollada en la propia Consejería junto al Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, y que permitió conocer los pormenores de esta norma en su primer año de aplicación. Suárez-Quiñones recordó que esta ley "nació con mucha polémica sobre la posible invasión de competencias de las comunidades autónomas", motivo por el que hay ocho recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional.
También surgió, prosiguió, con la "polémica de su carácter intervencionista y desincentivador del mercado de la vivienda, especialmente del alquiler; así como la politización y falta de comunicación con los gobiernos regionales para regular una competencia que es exclusiva de las autonomías".
Durante la mañana, técnicos jurídicos analizaron las consecuencias procesales que ha conllevado esta norma en el mercado del alquiler, así como conocer si ha conseguido su objetivo de incrementar este mercado o si, según expuso el consejero, "las políticas más adecuadas son las contrarias a las que promueve: incentivación fiscal y seguridad jurídica, que son dos de los aspectos más polémicos de la ley, que dificultaba o alargaba los plazos para recuperar la posesión de una vivienda por parte del propietario que la veía ocupada".
Oficinas antiocupación
Precisamente, Suárez-Quiñones se refirió también al primer año de funcionamiento de las conocidas como oficinas de información antiocupación, con la colaboración de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que son "fundamentalmente de información para la prevención". Al respecto, sostuvo que cuando se produce este hecho, el escenario "entra en un ámbito jurídico donde el propietario tiene que ejercer las acciones legales penales o civiles". "Nosotros hemos pretendido que el propietario conozca de antemano qué hacer para evitarlo a través de la información", recordó el consejero, quien comunicó que estas oficinas han dado lugar a 6.500 consultas por vía telemática y otras 170 presenciales o telefónicas.
Y continuó que el hecho de que salga "como noticia de actualidad" el desalojo de una ocupación en Mojados (Valladolid) durante la jornada de este lunes "no es preocupante con carácter general, porque este fenómeno en Castilla y León, afortunadamente, es limitado". "Algún efecto habrá tenido este sistema de información puesto en marcha por la Junta", precisó.
Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, destacó la celebración de estas jornadas para analizar las "circunstancias" de la Ley de Vivienda estatal, que "complican mucho las inversiones a la gente". "Es necesario dar ánimos y que todo se normalice, para que haya una fuerte inversión y evitar la escasez de viviendas y arrendamientos", resumió.
Durante la jornada participaron, entre otros, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Vicente Pérez Daudí, y el vicepresidente del Consejo Directivo de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Consejo General de Economistas de España, Julián Salcedo, que abordaron la Ley de Vivienda en base a cuestiones generales e impacto económico.
Sobre arrendamientos urbanos intervinieron el abogado y director jurídico de la Editorial SEPIN, Alberto Torres; y el profesor de Derecho Civil del a Universidad de Valladolid, Fernando Toribios. Y en materia de ocupación ilegal de inmuebles tomaron la palabra la directora jurídica de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Rosa Peris Vidal, y la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena.