El Tribunal General de la Unión Europea desestimó ayer los recursos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, contra la decisión del Parlamento Europeo de suspenderles la inmunidad como eurodiputados. Además, el alto tribunal europeo también desestima los recursos de los independentistas contra la negativa del presidente del Parlamento Europeo de amparar su inmunidad en el año 2019. De esta forma, Puigdemont, Comín y Ponsatí se quedan sin base legal para no entregarse a las autoridades españolas, concretamente al juez Pablo Llarena, quien podría reactivar la Euroorden de búsqueda y captura para que sean juzgados. Sin embargo, a los secesionistas les queda todavía una última oportunidad de dilatar aún más el proceso judicial y es presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -como ya hicieron en ocasiones anteriores- y pedir medidas cautelares hasta que haya una decisión en firme. Con esta estrategia, seguramente podrían concluir el mandato como eurodiputados.

El Tribunal General basa la desestimación de las peticiones de los independentistas en que la Justicia española les reclama por actos previos a ser eurodiputados y por motivos que nada tienen que ver con sus funciones en el Parlamento Europeo.

Después de varios años de dimes y diretes parece que el proceso judicial en Europa se decanta en favor de las autoridades españolas y en contra de los intereses de los secesionistas que hasta se vanagloriaron en algunos momentos de su inmunidad. Este hecho, además refrendado por los cambios jurídicos introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, hizo que buena parte de la sociedad española considerara un agravio de las autoridades judiciales europeas para con el Estado español. La Unión Europea debe actuar de forma clara y contundente en estos casos, porque de lo contrario menoscaba el poder del Estado miembro afectado, así como la credibilidad de las instituciones europeas.

Ahora habrá que esperar el desenlace final del proceso una vez que se conteste al más que presumible recurso de casación de los independentistas. Sin embargo, la resolución llegará con bastantes años de retraso y, seguramente, con otro Gobierno distinto al que rebajó penas y cambió las normas legales en favor de los independentistas, es decir, que el Ejecutivo tendrá que hacer frente a una situación compleja con los condicionantes impuestos por Pedro Sánchez para consolidarse en La Moncloa. Hoy España está inmersa en una precampaña electoral que parece que concluirá en un cambio de Gobierno hacia la derecha y eso también perjudica, y mucho, a los intereses de los líderes independentistas.