La ley amnistía que se tramita ya en el Senado es fruto de la necesidad como bien reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir el apoyo para su investidura de los siete escaños del partido del prófugo Carles Puigdemont, Junts. Una ley que como reconoció el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su intervención en la Comisión General de Comunidades del Senado ni estaba ni se la esperaba, lo que le faculta para presumir de que a corto plazo Cataluña tendrá una financiación singular y un referéndum de autodeterminación, aunque en ambos casos confunda deseos con realidad.
Para oponerse a la ley el PP ha puesto en marcha todos los resortes a su alcance, los legales y los simbólicos, y al activar estos últimos demuestra que utiliza el mismo mecanismo de actuación que denuncia del Ejecutivo, al que acusa de colonizar las instituciones, cuando en aquellos organismos en los que tiene mayoría emite informes, o presiona para que se emitan, al margen de las competencias que les otorgan las leyes, de tal forma que sientan o afianzan unos precedentes que traerán otros lodos.
Cierto que el Gobierno utilizó la treta de la proposición de ley por los grupos parlamentarios tramitar la ley de amnistía y de esta forma evitar la solicitud de los informes preceptivos y no vinculantes del CGPJ y del Consejo de Estado, pero el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta se los demandó tanto al órgano de gobierno de los jueces como al Fiscal General del Estado. El pleno del CGPJ, con el mandato caducado hace más de cinco años y de mayoría conservadora con vocales nombrados a propuesta del PP atendió el requerimiento de la Cámara Alta y se despachó contra la ley con el voto de nueve de los dieciséis vocales que quedan.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, ha desatendido los requerimientos del Senado por considerar que el Consejo Fiscal que preside carece de competencias para realizar el informe. Sin embargo, los vocales de la Asociación de Fiscales, de talante conservador, han entrado en modo rebeldía y han realizado un borrador contrario a la ley, que quieren que sea estudiado para dar cumplimiento a la demanda del Senado. El informe reafirma todos los aspectos que hacen indeseable la ley de amnistía, la quiebra de los principios de separación de poderes y de igualdad ante la ley, y la intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones del Poder Judicial. Y contra la ley de amnistía quedan aún los recursos judiciales de los tribunales españoles y ante los europeos.
Las actuaciones en línea con lo que se critica del adversario político incluye también el uso del Senado donde el PP cuenta con la mayoría absoluta como una cámara retardataria de la tramitación de ley de amnistía y ha llegado a promover un insólito conflicto de competencias entre ambas Cámaras legislativas que puede acabar en el Tribunal Constitucional.
Un TC sobre el que el PP arroja sombras de dudas sobre su imparcialidad, por contar con mayoría progresista, pero que ha dado una muestra más de defensa de la legalidad al admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlament de Cataluña para reactivar el proceso de independencia que ha quedado suspendida, inicialmente, durante cinco meses.