La oficina de información antiocupación de Soria, ubicada en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana, ha atendido 22 consultas presenciales desde abrió sus puertas a primeros de julio de 2023 hasta el 31 de marzo de este año, según los datos facilitados a El Día de Soria por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Desde su puesta en marcha, este servicio ha desarrollado su actividad de asesoramiento y prestación de información especializada a los usuarios.

Las mismas fuentes indican respecto a las consultas recibidas que, en general, los propietarios solicitan información sobre cómo actuar preventivamente «frente al fenómeno de ocupación» y también trasladan dudas sobre los procedimientos a seguir por parte de las comunidades de propietarios y «cierta dificultad de interlocución» con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como 'banco malo').

Desde la Consejería recuerdan que hace casi un año la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana firmaron un convenio para poner en marcha estas oficinas en la nueve provincias «sin coste alguno para la Administración».

En ejecución de ese acuerdo, la página web vivienda.jcyl.es dispone de información «relevante» en la materia: cuatro vídeos (acciones civiles; acciones penales; actuaciones ante la ocupación; y prevención), junto a una «exhaustiva» relación de preguntas frecuentes para los propietarios antes, en el momento y después de la ocupación. 

Además, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio avanza que, previsiblemente en este mes de mayo, se celebrará una jornada en la que se abordará, junto con las novedades de la legislación en vivienda, el «fenómeno de la ocupación, con la asistencia de un nutrido plantel de especialistas de toda España».

En resumen, desde la Junta de Castilla y León valoran «muy positivamente» la acción emprendida y l actividad de las Cámaras de la Propiedad Privada a la hora de cumplir con su cometido que es «asesorar a los pequeños propietarios», ya que los grandes tenedores tienen asesoría propia, para poder reaccionar con rapidez ante los supuestos de ocupación.

Cabe recordar que con la puesta en marcha de esta oficina se persigue cumplir con el deber que corresponde a los poderes políticos de garantizar el legítimo ejercicio de la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución .

También se prevé la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte del demandante.