El mercado empresarial analiza minuciosamente al detalle cada factor que influye en el proceso productivo, no solo para ser más competitivo, sino también para conocer con antelación el rendimiento económico que se va a obtener en cada trabajo y evitar que se produzcan pérdidas.
Durante el último año, los empresarios denuncian que cada vez resulta más difícil mantener sus negocios puesto que, incluso facturando más, sus beneficios se están reduciendo por el incremento de los gastos, tanto de las materias primas como de los costes laborales e, incluso, de los impuestos. De hecho, lamentan que el pasado año se registró un récord de cierre de sociedades con más de 26.000 disoluciones ante la falta de viabilidad.
Es decir, a lo largo de 2022, bajaron las persianas de forma definitiva un 10,1% más de empresas que el año anterior, según el INE. El comercio fue el sector económico que apuntó la caída más drástica en la cantidad de negocios activos, puesto que del conjunto de sociedades que se disolvieron en 2022, el 19,1% pertenecían a este segmento. También contabilizó un descenso notable la construcción, puesto que el número de cierres de estas compañías supuso un 16,4% del total.
Entre las actividades con un mayor número de abandonos también figuran las inmobiliarias, las financieras y las firmas de seguros, que representan en España un 14,5% de los ceses de actividad, así como la industria y la energía, que acaparan el 11,2% de todas las empresas que han cerrado en 2022.
Por primera vez en la historia laboral española, el gasto medio por empleado supera los 3.037,52 euros al mes en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un obstáculo para incorporar a trabajadores más vulnerables, especialmente a los jóvenes y a la mujer, así como para reducir el empleo sumergido.
Al analizar esta situación, los economistas precisan que, aunque la cifra de cotizantes a la Seguridad Social ha crecido este año, sin embargo, subrayan que uno de cada cinco empleos creados en el último año es público. Así detallan que entre octubre del año pasado y octubre de 2023 se han creado 533.871 puestos de trabajo, de los cuales 105.648 corresponden a distintos niveles de la administración.
Una de las partidas que más ha crecido y que afecta directamente al proceso productivo es el de los costes por hora trabajada que acumula ya nueve trimestres consecutivos al alza y, solo de julio a septiembre, se disparó un 5,4%. Y si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la variación anual del desembolso por hora es del 5,7%.
El coste salarial, que comprende sueldo base, complementos, horas extraordinarias, pagos extraordinarios y atrasados, medidos en términos brutos, aumentó un 5,0% en tasa anual, pasando de 1.952,37 a 2.262,63 euros por trabajador y mes. Sin tener en cuenta el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), el coste salarial ordinario varía un 5,5%.
Las otras partidas no salariales se dispararon un 8%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crecieron un 7,8%. Tras ellas, las percepciones no salariales aumentaron un 9,1% en tasa interanual, y subvenciones y bonificaciones se alzaron un 7% interanual.
Autónomos
Los expertos critican al estudiar esta variable que cada vez se trabaja menos y, sin embargo, los puestos cada vez cuestan más al empresario y también a todos los contribuyentes puesto que esta realidad se da con mayor intensidad en las nóminas de los empleados públicos.
Según el INE, durante el tercer trimestre, la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y el parcial, fue de 35,3 horas. De ellas, se perdieron, de media, 6,2 horas, de las cuales 6,2 horas no se trabajaron por vacaciones y el resto (1,3) se deben a bajas por incapacidad temporal, permisos de maternidad y paternidad, razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y de fuerza mayor. Si se añaden también las horas extras y se restan los tiempos perdidos, las horas efectivas de trabajo a la semana se reducen a 27,9.
A esto hay que sumar que cada día en España 1,3 millones de trabajadores faltan a sus puestos de trabajo y, de ellos, 300.000 no tienen una justificación, según el INE.