Con el compromiso de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, la Ley de Memoria Democrática entró en vigor hace ya dos años. Un período en el que la norma, basada en los principios de verdad, justicia y reparación, ha permitido avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, que si bien incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de los símbolos franquistas, no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado.

Este objetivo sí lo ampara la Ley de Memoria Democrática, que también busca mantener el recuerdo de las víctimas y fomentar el conocimiento de figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.

Estos dos serían los hitos más significativos de una norma que, según el Ministerio del ramo, ha materializado desde 2022 más de 600 acciones y movilizado unos 20 millones de euros.

Así, los cuerpos exhumados hasta la fecha ascienden a 5.600 y ya se está iniciando la elaboración del segundo plan, cuya ejecución se prolongará hasta 2028.

El 2 de noviembre de hace dos años, fueron recuperados los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina de la basílica de la Macarena de Sevilla, y el 24 de abril de 2023 se procedió a hacer lo propio con los de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos).

A ello se suman los trabajos en las criptas del Valle para la exhumación de los 166 cuerpos de víctimas reclamados por sus familias. Por el momento, las labores de recuperación han dado como resultado el hallazgo de la caja 198 y el desenterramiento de 12 asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila), de las que 11 pudieron ser identificadas genéticamente y entregadas a sus parientes.

También se ha podido poner nombre a otras tres víctimas de Borja (Zaragoza), de las 17 provenientes de esta localidad actualmente en proceso de investigación, y se hallaron más de 200 restos procedentes de distintas localidades españolas.

Con todo, en permanente actualización, se trabaja en el mapa integrado de localización de personas desaparecidas a nivel nacional.

Asimismo, y también con arreglo a la ley, se concedieron 572 declaraciones de reconocimiento y reparación a personas que durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones u otras formas de violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas.

La relación incluye a Lluis Companys, el general Escobar, Pau Casals, Pablo Picasso, Manuel Fernández Montesinos, María Teresa León, Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis López Aranguren, Puig Antich y los encarcelados de CCOO en la causa 1.001, entre otros.

El próximo día 31 serán entregadas otras 20 declaraciones más, coincidiendo con el Día de las Víctimas del Golpe Militar, que este año alcanzará su tercera edición. Y, en esta misma línea, el pasado 8 de mayo se celebraron por primera vez los actos de Estado en homenaje a las víctimas del exilio.

Por otra parte, el Gobierno constituyó a principios de julio la comisión para impulsar y coordinar las medidas para la transformación del Valle de Cuelgamuros en un centro de interpretación. En este proceso de resignificación del monumento participan varios ministerios: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Transporte y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Cultura y Ciencia e Innovación.

A estas comisiones se añade la regulación de otras tres de trabajo sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano en España; técnica para la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil y la dictadura; y para el estudio de supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983.

Lugares relevantes

También se ha impulsado, desde la entrada en vigor de esta norma, la figura legal de Lugar de Memoria Democrática, que se otorga a aquellos espacios en los que se desarrollaron hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva.

En la página web del Estado ya está accesible el inventario de estos enclaves. Los más significativos del citado listado son el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Valle de Cuelgamuros y el Panteón de España, que fueron declarados ex lege.

A ellos se sumaron después el casco urbano de Gernika-Lumo y una decena de inmuebles vinculados al liberalismo español en el siglo XIX que representan la lucha por los valores democráticos, como el Teatro de las Cortes y el Monumento Constitución 1812, ambos en Cádiz, o el Monumento Mariana Pineda, en Granada.

Además, fueron incoados los expedientes de declaración para el éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937, conocidos como La Desbandá, y para las antiguas cárceles de Murcia y Carabanchel (Madrid), entre otros lugares.

El Ateneo Español de México y el Jardín de la Nueve en París también figuran en esta recopilación, como lugares de memoria democrática en el extranjero.

La ley ha avanzado, de igual modo, en otros campos como la realización de la auditoria y el inventario de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa.

En esta línea, el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de Aragón que deroga la norma autonómica de Memoria Histórica y se instó a la Comunidad Valenciana a negociar su Ley de Concordia. Según fuentes del Ministerio, se actuará igualmente con el resto de comunidades que aprueben iniciativas legislativas que menoscaben las políticas públicas de memoria, que desprotejan a las víctimas y sus derechos, que no condenen la dictadura o blanqueen el franquismo.

En cuanto a la nacionalidad española, se está desarrollando también el proceso de solicitud de este reconocimiento para los descendientes de las víctimas establecido en la disposición adicional octava de la Memoria Democrática, cuyo plazo de reclamación se prorrogó por un año más, hasta el 21 de octubre de 2025.

Papel femenino

La mujer es otra protagonista de la ley. Así, se subvencionaron más de una de decena de congresos, investigaciones, exposiciones, cursos y publicaciones sobre su figura. A ello se suman las ayudas concedidas a entidades sin ánimo de lucro destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra y de la dictadura. En los tres primeros ejercicios (2020-2023), fueron  un total de 406 en régimen de libre concurrencia por un importe de 3.197.261,48 euros en su conjunto.

Sobre la retirada de distinciones, quedaron suprimidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978 y de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

El Consejo de Ministros aprobó el 18 de julio de 2023 nueve reales decretos que tumbaron las respectivas Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a personas que participaron activamente de la represión tras el Golpe de Estado de 1936: Francisco Franco, Enrique Pla i Deniel, José León de Carranza y Gómez-Pablos, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romeo Gorría y José Antonio Girón de Velasco.

Más acciones

La publicación en el BOE de la norma dio paso, asimismo, al nombramiento de la fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una polémica designación al tratarse de la exministra de Justicia Dolores Delgado, pareja del juez Baltasar Garzón, implicado en estas causas profesionalmente. Además, se impuso una sanción a la Falange Española por una infracción muy grave, con multa de 10.001 euros; y se modificó la ley de Fundaciones, para disolver aquellas que hagan apología del franquismo.