El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este jueves una multa de 200 millones de euros a Hungría por violar sistemáticamente los derechos de los demandantes de asilo que llegan a su frontera, una sanción a la que suma un millón de euros diarios por cada día de incumplimiento de una sentencia anterior que ya condenó al Gobierno de Viktor Orbán por esta situación.

El Alto Tribunal europeo advierte de que la decisión de Budapest de eludir deliberadamente la aplicación de una política común de la Unión Europea es un incumplimiento que constituye "una violación inédita y excepcionalmente grave" del derecho comunitario.

En su sentencia, el tribunal declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020, lo que supone una vulneración del principio de cooperación leal porque evita deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional y las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Este comportamiento constituye, dice Luxemburgo, una "amenaza importante" para la unidad del Derecho de la Unión que afecta de manera "extraordinariamente grave" tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público.

Orbán ha tachado de "indignante e inaceptable" la sentencia del TJUE, con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha clamado contra la política general del bloque. "Parece que los migrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos", ha señalado.

Primera condena en 2020

La primera condena a Hungría por este caso se produjo en diciembre de 2020, cuando el TJUE dictó que este país estaba incumpliendo sus obligaciones en materia de asilo y retorno fijadas por el Derecho europeo, por las trabas que impone a los demandantes de asilo durante el proceso que se les exige para tramitar las peticiones de acogida al llegar a su frontera.

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, las medidas que las autoridades húngaras aplican en la frontera serbo-húngara deja a los migrantes que llegan a ese lugar en la "casi imposibilidad" de demandar asilo, a pesar de que este trámite es una "fase fundamental" en el proceso para resolver las peticiones de protección y de que los Estados miembro "no pueden demorarla injustificadamente".

De acuerdo a las normas comunes, los países de la UE deben garantizar que los demandantes de asilo estén en condiciones de presentar la solicitud incluso en las fronteras, "tan pronto como manifiesten esa voluntad".

Sin embargo, el Gobierno húngaro obliga a los demandantes de asilo a presentar su solicitud de protección internacional en la zona de tránsito de la frontera serbo-húngara, al tiempo que limita fuertemente el número de personas que pueden acceder a dicha zona, lo que complica a estas personas acceder a un procedimiento al que tienen derecho.

En la práctica estas personas afrontan plazos de espera de entre once y dieciocho meses para poder acceder a las zonas de tránsito y poder por tanto formular su solicitud.