Castilla y León llevará ante la Justicia al Gobierno de España después de conocerse que el pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye la condonación a Cataluña de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Líquidez Autonómica (FLA). El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en sus redes sociales la judicialización de esta medida y da cumplimiento así a la advertencia que lanzó hace quince días desde el estrado del Senado, donde avisó al Gobierno central que iría ante los tribunales ante cualquier «agravio» a Castilla y León. Situación que el mandatario regional entiende que ocurre con esta condonación de la deuda, de la que también se beneficiaría la Comunidad que vería adelgazado en casi 400 millones su debe con el Estado si se le aplica el mismo criterio. «No nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda», señaló el jefe del Ejecutivo autonómico en relación al acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para la investidura de Sánchez.
«Este acuerdo genera desigualdad entre todos los españoles y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España», señaló Fernández Mañueco en su cuenta de X, donde avanzó que irán a los tribunales para «defender a Castilla y León y la igualdad de todos los españoles». Por su parte, el socialista Luis Tudanca valoró que la condonación de la deuda sea para todas las comunidades y en las mismas condiciones. «Para todas las comunidades y en las mismas condiciones. Así debe ser», publicó en su red social. Postura opuesta a la del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que calificó de «traición» el acuerdo de PSOE-ERC, y advirtió de que esta Comunidad «no se va a dejar aplastar por la izquierda y los separatistas».
Amnistía
Todo ello en una jornada en la que los acuerdos y negociaciones para la investidura de Sánchez volvieron a envolver a la política regional. Y es que la tromba política de la ley de amnistía también moja en Castilla y León. Y el Partido Socialista –y Unidas Podemos– es el único que se queda bajo la lluvia fuera del paraguas. Una vez más, tras las dos votaciones vividas en las Cortes regionales, el PSOE autonómico se queda solo ante la inminente aprobación de una normativa que eliminaría el rastro legal de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 para permitir a Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno.
«Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente», fue el frágil escudo blandido por los socialistas de la Comunidad para esquivar las preguntas sobre su postura ante la ley de amnistía, y ahora ya resuelto tras su apoyo al acuerdo con ERC y Junts. Postura que le valió para recibir otro aluvión de críticas desde la Junta y el resto de grupos parlamentarios, ante la defensa socialista de un acuerdo «complejo» pero «bueno para la convivencia».
«Muy pocos tenían dudas a que orilla del río se iba a situar el señor Tudanca, y parece que hemos acertado los que pensábamos que iba a hacer como siempre, e iba a estar en la orilla de Pedro Sánchez y enfrente de los intereses de Castilla y León». El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en un tono más partidista que institucional, aprovechó la frase del líder socialista para arremeter contra el PSOE autonómico y fijar la postura del Ejecutivo regional. Atizó a los socialistas por participar –como la eurodiputada Iratxe García– y aseguró que con esto «el PSOE solo se humilla a si mismo».
«Hoy no es un buen día para la democracia española y la igualdad entre los españoles, los principios democráticos, la Constitución y la división de poderes», significó Fernández Carriedo, que lamentó que se intenten amnistiar «intentos de golpe de Estado» para que Pedro Sánchez sea presidente «a cualquier precio». «Es muy negativo, no es un buen día para la democracia», insistió el portavoz regional, que aseguró que la Junta «tiene muy claro en qué orilla está», que no es otra, dijo, que la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses.
Asunto «complejo»
El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, no ocultó que entiende que existan «dudas» y «discrepancias» sobre la amnistía ya que, según admitió, se trata de «un asunto muy complejo para este país». No obstante, el socialista pasó a la ofensiva y se mostró convencido de que esta amnistía no será «más difícil de digerir» que la de 1977, cuando «se perdonaron todos aquellos delitos que durante cuarenta años cometió un genocida». «Escuchar a los herederos de aquellos que se beneficiaron de la amnistía de 1977, gracias a la cual y con el chantaje de que sin ella no tendríamos Democracia en este país, muchos de sus padres fundadores se libraron de la cárcel de delitos absolutamente terribles, las cosas que estamos escuchando... un poco de mesura estaría bien».
Tudanca defendió la amnistía frente a la «fractura» provocada por las políticas de Mariano Rajoy, e insistió en que «hoy estamos mejor que en 2017», para ensalzar el trabajo de su secretario general, Pedro Sánchez, para ir «restañando» las heridas. «Prefiero que haya menos independentistas y menos riesgo de fractura en España», repitió, para exigir de nuevo a PP y Vox «prudencia» en sus declaraciones.
Una postura netamente contraria a la verbalizada por el portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel García Nieto, que consideró la amnistía como una «absoluta tropelía y una sinrazón» que sólo responde a los intereses de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. «Sánchez afirmaba que no cabía en la Constitución y ahora sostiene que es un instrumento legal para que Carles Puigdemont regrese como hombre de estado», denunció, para asegurar que Sánchez está «sometiendo al poder judicial para respaldar una ley anticonstitucional, para lograr la Presidencia a cualquier precio». Alertó también que el pago a los independentistas supondrá también una «lesión» para los intereses de Castilla y León, porque lleva aparejado, dijo, «dotarles de dinero que es de todos».
Desde Vox, Carlos Menéndez, incidió en que España está asistiendo a cómo el PSOE «pretende destruir el constitucionalismo, el Estado de derecho y la igualdad con tal de permanecer en el Gobierno». Tanto Soria Ya como Francisco Igea se mostraron igualmente críticos con la ley de amnistía por «vulnerar el Estado de derecho y vender la igualdad de los españoles».