El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer en el Congreso de los Diputados la iniciativa del Plan de Regeneración Democrática, que anunció en abril, después de apartarse de la agenda pública durante cinco días, por la investigación judicial a su mujer. Casi tres meses después, Sánchez enumeró ayer ante los diputados una serie de líneas generales, que abren más interrogantes que certezas, sobre la finalidad y el efecto del citado plan.

El autodenominado plan de regeneración se sitúa en los márgenes de una de las principales líneas rojas que debe tener toda democracia que se precie, la que se refiere a los medios de comunicación y a la libertad de prensa. La deliberada exposición de generalidades, que no de medidas concretas, contribuye a generar desconfianza en torno a las intenciones profundas de las medidas, que se van a decidir con posterioridad.

En una escenificación muy del gusto de Sánchez, que intenta trasladar una falsa sensación de transparencia, pero que no ha convencido ni a oponentes ni a sus habituales socios parlamentarios, los unos por exceso y los otros simplemente por indefinición.

La obligación de dar a conocer el nombre de los accionistas de los medios de comunicación, así como la limitación de la financiación que reciben de las administraciones públicas son las medidas destacadas de una propuesta que habrá que ver cómo se concretan, junto con el anuncio de inquietantes cambios en las leyes del Derecho al Honor y Derecho de Rectificación.

Todavía con pocos datos, resulta difícil no apreciar una elaboración a la medida del partido en el gobierno y en concreto de Sánchez, más aún en el contexto de las implicaciones judiciales de su esposa, que mañana tiene que volver a comparecer en el juzgado en la investigación que se sigue contra ella. Si la idea del plan nació precisamente de esas dificultades, no parece errado inferir que se quiera hacer justamente a la medida de las mismas.

El presidente adelantó que las medidas de este Plan de Regeneración Democrática se negociarán ahora con los grupos parlamentarios, en lo que no debe convertirse en una subasta a las que ya tan acostumbrados nos tiene. En eso se traducen buena parte de las negociaciones parlamentarias del gobierno, acostumbrado a hacer las concesiones que sean necesarias para sacar adelante sus iniciativas. Unos apoyos entre los que no estará el del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, recriminó ayer a Sánchez que quiera tomar medidas para tapar «la corrupción que le salpica».

En definitiva, el Plan de Regeneración Democrática anunciado con muchas campanillas arranca sembrando más inquietudes que certeza y con un grave problema de credibilidad. La misma de la que adolece precisamente su proponente.