Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional detuvieron al presidente de una ONG de Salamanca, cuya identidad no ha trascendido, por presuntos delitos relacionados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y su integridad sexual, tras obligar, según el relato policial, a mujeres en situación vulnerable a hacer favores sexuales a cambio de alimentos. El modus operandi del detenido consistía en solicitar el teléfono y otros datos a las mujeres extranjeras necesitadas, contactando después con ellas apara para solicitar el envío a través de aplicaciones de mensajería de datos particulares e incluso fotografías personales, la mayoría de ellas de índole sexual. Una vez logrado el objetivo, y con la excusa de entregarles alimentos donados por la organización, las citaba en su domicilio particular, y les obligaba en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él. Todo ello, puntualizó la Policía, prevaliéndose de su situación de superioridad y de la imperiosa necesidad de conseguir alimentos que tenían sus víctimas para llevárselos a sus familias. 

Según informó la Policía Nacional, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presunta actividad delictiva relacionada con un trabajador de una ONG salmantina que ocupaba, además, un puesto de relevancia en su estructura organizativa. En concreto, la Policía habla del «abuso manifiesto y reiterado» por parte de este trabajador hacia un gran número de mujeres extranjeras en situación de estancia irregular. Una evidencia del abuso de este individuo hacia las mujeres, según detallan los investigadores de la Policía Nacional, era la gestión de la entrega de alimentos a las mismas, que siempre hacía en su domicilio particular, alegando la necesidad de realizar una supuesta evaluación sobre el perfil de la solicitante y de sus necesidades concretas.

La investigación no está aún cerrada, ya que la Policía Nacional teme de la existencia de otras víctimas que, por miedo o por no tener permiso de estancia en el país, no se atreven a denunciar aún los hechos, según informa la Agencia Ical.