La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio convoca una nueva anualidad de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones, con un presupuesto inicial de 19,5 millones, aunque las propias bases de la convocatoria, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), contemplan ampliarlo con 31 millones más. Por lo tanto, el desembolso podría alcanzar los 50,5 millones. La convocatoria anterior, que se resolvió el pasado 6 de junio, benefició a 18.454 familias con pocos recursos económicos, con 40,6 millones. El plazo para presentar las solicitudes se amplía, entre el próximo 2 de diciembre y el 31 de enero de 2025.
Con motivo de la presentación de la convocatoria, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció como novedad que los solicitantes no tendrán la obligación de aportar el certificado o el volante de empadronamiento. Por lo tanto, este requisito se sustituirá por una casilla en la que el ciudadano podrá autorizar a la Junta a acceder a los datos.
Acompañado de representantes de CEOE, CCOO y UGT, subrayó, según recogió la Agencia Ical, el «compromiso» de la Junta de otorgar las ayudas a todos los que cumplan los requisitos y los justifiquen. «Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal», ensalzó el consejero.
Las ayudas, que se enmarcan en el plan estatal de vivienda, se destinan a mayores de edad, con residencia habitual y permanente en Castilla y León, y con ingresos de hasta tres veces el IPREM, que se eleva hasta cuatro para familias numerosas y víctimas del terrorismo, y hasta cinco para familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Para optar a la ayuda, la renta cuenta con un límite entre 375 y 500 euros, que se amplía hasta 450 de mínimo y 550 de máximo, para Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Esos límites pueden llegar hasta los 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad del 33% o más, y familias con vulnerabilidad sobrevenida. Además, por segunda vez, se incluye el alquiler en habitación, con mínimo de 150 y máximo de 200 euros.
La subvención mantiene el incremento de la convocatoria anterior del 40 al 50 por ciento de la renta, si bien para menores de 36 años sube hasta el 60; y si es en el medio rural, hasta el 75, porcentaje similar al de las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. El consejero valoró el esfuerzo para apoyar a los jóvenes, algo que justificó en que el año pasado hubo casi 5.600 menores de 36 años que se beneficiaron de este programa.
Apuesta por diálogo social
La secretaria general de CEOE, María Teresa Cetulio, destacó que estas ayudas son fruto de los acuerdos del Diálogo Social, ya que los agentes económicos y sociales defienden que ciudadanos y trabajadores tengan las mejores condiciones.
Por su parte, las dirigentes sindicales Yolanda Martín (CCOO) y Sonia González (UGT) insistieron en la necesidad de avanzar para que las ayudas al alquiler sean un derecho subjetivo, de manera real y efectiva.
Martín apostó por «explorar» otras medidas «muy necesarias» como es el incremento del parque público de viviendas en alquiler, mayores ayudas para accesibilidad, etc.