La difícil situación económica que denuncian los jóvenes es una asignatura pendiente que, para la mayoría de los economistas, convendría analizar en mayor profundidad y dar soluciones eficaces. Con unos salarios que, en muchas ocasiones, no les alejan de la pobreza y la vulnerabilidad, se les hace muy difícil formar una familia, acceder a una hipoteca para un piso, pagar el alquiler o, incluso, mejorar su formación con un máster o viajar al extranjero para aprender y perfeccionar idiomas.

En este contexto, la plataforma España Mejor acaba de presentar una propuesta de reforma fiscal en la que incluye un conjunto de medidas prácticas para «despenalizar el trabajo», como una reducción con carácter general de 3,6 puntos de las cotizaciones sociales y elevar dicha rebaja a 9,6 puntos en el caso de los contratos a menores de 29 años para mejorar su poder adquisitivo.

La abogada española Miriam González, fundadora de esta organización y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, considera que el mayor obstáculo al crecimiento dentro del sistema tributario nacional está en las elevadas cotizaciones que constituyen un «auténtico impuesto al trabajo». «Las cotizaciones a cargo del empresario están entre las más altas de Europa, generan desempleo y reducen la base imponible y, sobre todo, una mayor recaudación», advierten.

Por ello, aconsejan este ajuste tributario como incentivo al empleo en un país con la tasa de paro más alta de la UE, unido a una mejora de los incentivos fiscales para emprendedores y también para aquellos que les ayuden a financiarse.

De la rebaja general de 3,6 puntos de las cotizaciones sociales, tres se corresponderían con la reducción por desempleo y, los 0,6 puntos restantes, con la eliminación del epígrafe dedicado a formación profesional. A esta cifra, habría que recortar seis puntos más para los contratos de los menores de 29 años.

Asimismo, España Mejor avanza como «medida de choque frente a la precariedad laboral juvenil» que, durante un tiempo limitado, las cotizaciones correspondientes a este colectivo con rentas reducidas les sean reembolsadas a ellos, como complemento salarial público, incluyendo las que son a cargo de la empresa.

El objetivo es que las personas con hasta 29 años, con bajos ingresos, salgan del sistema general del Ingreso Mínimo Vital y puedan beneficiarse de un medio alternativo de ayudas, consistente en el cobro de un complemento salarial modulable en función de su nómina.

Como requisito a esta reforma, los jóvenes tendrían que haber ganado antes, como mínimo, unos 10.000 euros de ingresos de trabajo, acumulados en varios años, y se podrían beneficiar a partir de los 20 años. De esta manera, el 30% de los trabajadores de entre 20 y 29 años con menos ingresos recibirían como complemento un 30% de su sueldo. Y desde los 30 años, el organismo apuesta que se pueda cobrar el IMV.

La propuesta contempla que para salarios de hasta 16.000 euros, el complemento máximo sería del 30%, con un mínimo de 100 y un máximo de 400 euros mensuales.

En cambio, entre 16.000 y 22.000 euros, la ayuda iría disminuyendo desde el máximo de 400 euros hasta desaparecer por completo según se acerque al máximo de 22.000 euros. Es decir, en retribuciones superiores al SMI, aún habría una ayuda extra, pero decreciente al ir incrementándose los ingresos.

Gravar el consumo

La idea de España Mejor, titulada Una fiscalidad para crecer todos, apuesta también por elevar la tributación al consumo, eliminando tipos reducidos en el IVA y elevando la carga impositiva de algunas tasas especiales, como la que grava el alcohol. Así, por ejemplo, aconseja un tramo adicional en el impuesto de matriculación, con un tipo superior para los vehículos que excedan 30.000 euros.

Además, contempla eliminar el tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido 10% para algunas actividades de la hostelería, como el ocio nocturno (pasaría al 21%) y, en general, sobre el consumo de alcohol en cualquier establecimiento, lo que incrementaría la recaudación en España en más de 2.500 millones de euros al año. En cuanto a los alojamientos turísticos, no recomienda elevar el IVA reducido del que disfrutan, pero sí instaurar un impuesto estatal, nunca superior al 5% efectivo del precio, un tributo existente en toda Europa.

Finalmente, en materia medioambiental,  considera elevar la fiscalidad sobre los carburantes y un gravamen especial sobre los trayectos de avión (con 7 euros por vuelo nacional y 10 por viaje internacional con los que se recaudarían 1.200 millones al año), entre otras medidas.