Tras unos cinco años y medio en funciones, algo más de 2.000 días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró esta semana salir de su desbloqueo, gracias a un pacto entre PSOE y PP que llegó a parecer imposible. Un acuerdo que, además de poner fin a la anomalía sin precedentes en la historia de España que suponía que el órgano de gobierno de los jueves estuviera en funciones, está llamado a sentar las bases de más consensos entre los dos partidos.

En Moncloa se habían propuesto zanjar este asunto antes de las vacaciones de verano y, de hecho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lanzó hace unos días un ultimátum para desencallar el CGPJ al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que este interpretó como una nueva amenaza partidista. 

Pese a este rifirrafe, uno más en la larga lista de desencuentros entre ambas formaciones, el acuerdo llegó y fue recibido como un gran pacto de Estado por socialistas y populares. No fue igual, eso sí, la interpretación que unos y otros hicieron de cómo se había alcanzado ese punto: mientras que para el PSOE este consenso supone «la rendición de los de Feijóo al mandato constitucional que tanto tiempo llevaban esquivando», el PP defiende que a Sánchez «no le ha quedado más remedio que aceptar lo que le exigían desde Europa para cumplir con los estándares de una institución democrática».

Entre otras cuestiones, el documento rubricado incluye un reparto equilibrado de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada partido, y fija una mayoría reforzada de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos. Además, recoge el compromiso de presentar antes de seis meses una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial, como recomienda la Comisión Europea, que pasaría porque fueran los jueces los que tuvieran la última palabra en sus órganos de gobierno.

PSOE y PP reconocen que este pacto es un posible punto de inflexión hacia más consensos necesarios. Uno de ellos es la designación del nuevo gobernador del Banco de España para la que, de hecho, ya habrían comenzado los contactos, entendiendo esta renovación como prioritaria pese a que también están pendientes la designación del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como de parte del consejo de administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el Banco de España, desde el pasado día 11, cuando venció el mandato de Pablo Hernández de Cos, la número dos, Margarita Delgado, ejerce la máxima responsabilidad en funciones, una labor que culminará el próximo 11 de septiembre. De ahí la premura del Gobierno en cerrar este asunto cuanto antes, algo que parece muy posible que ocurra. Es costumbre que el partido en el Ejecutivo designe al gobernador y el de la oposición al subgobernador, una tradición no escrita que habrá que ver si se repite también esta vez. 

«Anomalía»

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró recientemente que no le preocupa que durante unos meses la subgobernadora ocupe el puesto de gobernadora del Banco de España. «Es una persona de reconocido prestigio», afirmó, sin poder negar que es una «anomalía» que ambos cargos no se renueven al unísono.

Podría darse la circunstancia de que Delgado fuera designada formalmente máxima responsable del Banco de España, ya que el suyo es uno de los nombres que hay sobre la mesa para ocupar el puesto y hay posibilidades de que sea una mujer quien dirija el supervisor bancario nacional durante los próximos cuatro años.

En el caso de la renovación de la Presidencia de RTVE, el pasado 27 de marzo se designó de forma interina a Concepción Cascajosa tras el cese de Elena Sánchez, quien permaneció en el cargo año y medio. Inicialmente, su nombramiento tiene una duración de seis meses, por lo que finalizaría el próximo 27 de septiembre. 

Cascajosa ya era miembro del Consejo de Administración a propuesta del PSOE y fue desde junio de 2021 presidenta del Observatorio de Igualdad de la Corporación.

Por otra parte, a finales de año expirará la Presidencia de la CNMV, que ahora ostenta Rodrigo Buenaventura, y hay también pendientes designaciones en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que es el órgano colegiado de decisión del organismo y tiene diez miembros, elegidos por el Gobierno a propuesta del ministro de Economía. 

En la actualidad, el ente está integrado por su presidente, Cani Fernández, un vicepresidente -vacante ahora mismo-, y ocho consejeros, de los cuales dos cargos están también sin nombrar. 

Sin embargo, pese a esta situación, encara el trámite de expedientes complejos como el estudio de la remuneración de los depósitos por parte de la banca y el análisis del OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. 

También Cataluña

Junto a todas estas cuestiones, y aprovechando el pacto del CGPJ para intentar dar un triple salto mortal, el PSOE apremia también al PP a sentarse para avanzar en la reforma de la financiación autonómica, aunque los populares ya han adelanto su rechazo a cualquier paso que implique «privilegios» para Cataluña.

«Vamos a seguir tendiendo la mano para que en otras materias se puedan producir acuerdos», afirman en Ferraz. Mientras, en Génova no son tan optimistas y, aunque ven posible alcanzar consensos en el Banco de España y en la CNMC y la CNMV, creen más complicado renovar el acuerdo en RTVE y, sobre todo afrontar la reforma de la financiación autonómica.

La prioridad antes de las vacaciones estivales era desencallar el Poder Judicial y, una vez superado este escollo, toda la lista de renovaciones pendientes pondrá ahora a prueba de nuevo la capacidad de negociación de ambos partidos. El resultado es imprevisible, en un contexto de intensa confrontación en el tablero político nacional.

Unos socios que se rebelan

Antes fue la amnistía, ahora la renovación del Poder Judicial. De nuevo un asunto clave en la política española ha vuelto a escribirse fuera, a cientos de kilómetros de Madrid. La ley que concede inmunidad para todos los implicados en el procés se pactó en Suiza y la actualización del órgano de gobierno judicial se consensuó en Bruselas entre PP y PSOE, con la mediación de la checa Vera Jourová, actual vicepresidenta de la Comisión Europea.

Las coincidencias no se limitan al aspecto meramente geográfico, ambos asuntos convergen también en su capacidad para generar polémica y agravios.

Si en esta ocasión PSOE y PP escenificaron una inusual entente cordiale, no ocurre lo mismo con el resto de los partidos porque la música y la letra de este salmo al bipartidismo no les gustó nada. Curiosamente, la concordancia en el mosqueo ha reunido en la misma trinchera a Vox junto con aliados habituales del Ejecutivo como ERC, PNV, EH Bildu, Junts y también Podemos.

Los socios de Pedro Sánchez cargaron contra el acuerdo por entender que es una «rendición» ante el Partido Popular y el inicio de «una gran coalición» entre las dos grandes fuerzas.

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, aseguró que el acuerdo no supone ningún avance sino que es «exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años» porque no refleja la pluralidad de la Cámara. Consagra, además, «la pulsión constante del PSOE y de Sánchez de caminar hacia una gran coalición», cambiando de socio, se quejó Rufián al aclarar que no les han consultado sobre los nombres propuestos como vocales.

Otra catalana, Miriam Nogueras, de Junts, también puso el retrovisor para decir que lo que se ha visto es lo que PP y PSOE llevan haciendo cuatro décadas, «un reparto de poder», y criticó que las medidas de regeneración democrática hayan acabado siendo un pacto con los populares. «Miraremos también la letra pequeña», avisó.

Igual de áspera que Rufián se mostró la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien cargó contra el PSOE por elegir el camino «de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática».

Del mismo modo, consideró que este acuerdo entre las dos formaciones sienta las bases para la construcción «de una gran coalición» y no responde al sentir de las urnas.

Advirtió también que este pacto «no se va a hacer con la complicidad de Podemos» pero no desveló si seguirán o no apoyando al Gobierno.

Bildu lamentó también una renovación «pactada exclusivamente con el PP» y recriminó al Gobierno «el reparto de puestos» porque «puede perpetuar la politización» de la Justicia y genera el riesgo de que «en el futuro se vuelvan a producir bloqueos por la derecha».

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostró su sorpresa porque el acuerdo alcanzado haya llevado tanto tiempo y afeó que nadie les informó, por lo que los nacionalistas vascos «no van a votar a nadie».

En este frente contrario también se situó Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, valoró el acuerdo como «una traición a los españoles» y consideró que, ahora, el PP pierde toda la autoridad para denunciar las políticas de los socialistas.