Cuadrar el círculo de la deuda pública sigue siendo uno de los grandes retos de ingeniería financiera a los que se enfrentan las administraciones públicas en España. Los esfuerzos de contención del gasto público para meter en cintura el capítulo de 'debe' se topó de bruces con la pandemia de la covid-19 y la eliminación de las reglas fiscales, que volvió a engordar una cuenta que a nivel nacional supera ya los 1.500 millones de euros. Y Castilla y León no es ajena a la tendencia alcista que esta tiene sobre el Producto Interior Bruto. En total son 13.865 millones de euros los que la Junta de Castilla y León mantiene dentro del capítulo de deuda al cierre del pasado año, lo que supone un peso del 19,9% sobre el PIB autonómico. Pese a estar en una situación bastante mejor que la media de las comunidades –22,2%–, lo cierto es que el Gobierno autonómico todavía sigue lejos del objetivo del 13% que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Para cumplir con este objetivo la Junta de Castilla y León debería 'ahorrar' unos 850 millones de euros anuales durante el próximo lustro tomando como referencia los datos del ejercicio 2023. Un 'ahorro' que llegaría por la vía del superávit, es decir, más ingresos que gastos a lo largo de un ejercicio. Esta es la cifra que estima Fedea en su informe 'La deuda pública de las Comunidades Autónomas. Escenarios de evolución' presentado ayer y que dibuja tres escenarios diferentes de consolidación fiscal para que la región alcance ese objetivo del 13% de deuda pública sobre el PIB. De lo contrario, avisan, la tasa se iría hasta el 22,1% del Producto Interior Bruto en el año 2034. En cualquier caso, seguiría por debajo de la media nacional, que se iría a una deuda del 24,3% en una década.
El estudio de Fedea plantea otros dos escenarios menos agresivos para que Castilla y León rebaje el peso de su deuda sobre el PIB al 13%. Uno a diez años con una consolidación fiscal anual (en términos de superávit primario) de 350 millones, y otro a 20 años de 70 millones de 'ahorro' anual. De hecho, dibuja un planteamiento «reactivo» que implica la reducción del déficit estructural en 0,25% del PIB cada año –unos 180 millones de superávit– que dejaría a Castilla y León con una deuda del 10,8% en el año 2034.
«No hacer nada no es la receta adecuada», explican los autores del informe, que, no obstante, no se muestran muy optimistas con que las comunidades puedan llevar a cabo estos planes de contención de gasto. Una postura para la que tiran del histórico y señalan que, por ejemplo, en el caso de Castilla y León entre 2000 y 2019 el saldo global dejó un déficit del 0,8%. «Los esfuerzos de consolidación fiscal que se exigirían no parecen factibles, dada la experiencia histórica».
Financiación autonómica
Ante esta situación, los autores del informe reiteran que «debe abordarse cuanto antes» la reforma del sistema de financiación autonómica o «en su defecto» adoptar «medidas correctoras transitorias». Dejan abierta la puerta a que «también habría que considerar una posible estrategia de condonación de deuda autonómica en manos del Estado».