El independentismo vaticina que la aplicación de la ley de amnistía será rápida y que cogerá velocidad de crucero en la mayoría de los casos. Sin embargo, ya visualiza (y asume) que habrá «dificultades» para que su manto protector alcance fácilmente a aquellas personas condenadas o acusadas de malversación y también a los investigados por delitos de terrorismo.
A la amnistía le aguarda (al menos eso se presupone) un particular camino de espinas legal. Hasta el momento todas las vías judiciales para frenar su activación se encaminaban, mayoritariamente, en la dirección de la Justicia europea, apelando a esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dejaría en manos de los togados comunitarios el pronunciamiento sobre ese perdón a los delitos por los que fueron condenados los impulsores del procés (especialmente el de malversación) y por el que también están procesados el líder de Junts, Carles Puigdemont y el resto de cargos que se dieron a la fuga. Sin embargo el guion tiene ahora más elementos porque los fiscales encargados de la causa del procés –que días atrás dejaron claro al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el delito de malversación vinculado al proceso secesionista no es amnistiable– configura una nueva alternativa. Entonces, el Supremo debería determinar si a la ley se le puede aplicar o no esa malversación.
El secesionismo ya la está viendo las orejas al lobo y ERC ha sido la primera fuerza en poner voz a estos recelos. De hecho, Esquerra prevé que se pueda exculpar a centenares de «represaliados» del procés, según su terminología, de manera rápida una vez se publique la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque afirman ser conscientes de que la aplicación se retorcerá en los casos derivados de presuntos delitos de malversación y terrorismo.
Así lo afirmó su vicesecretaria general de Derechos, Marta Vilaret, explicando que, una vez el perdón que les concede la impunidad entre en vigor, todas las defensas de las personas con causas judiciales vinculadas con ERC harán «inmediatamente» una petición para que se les aplique la nueva normativa exculpatoria.
Añadió que, previsiblemente, las personas acusadas o sentenciadas por delitos relacionados con protestas se resolverán de manera ágil y recordó que la amnistía también contempla la devolución de multas por la aplicación de la denominada ley mordaza en las manifestaciones y protestas del 1-O.
Respecto a los plazos para publicar la amnistía en el BOE, valoró que el tiempo que se está tomando entra dentro de la normalidad, pero subrayó también que para los republicanos «cuando antes entre en vigor, y sobre todo cuanto antes se aplique, mucho mejor».
"Leyes tergiversadas"
La vicesecretaria de ERC valoró que la amnistía es el «reconocimiento muy explícito de que se han tergiversado las leyes para perseguir políticamente una ideología, en este caso el independentismo», y ha reconocido que desde el principio sabían que la aplicación no sería sencilla.
También remarcó que la controvertida ley es fruto de una «apuesta gradual» a largo plazo, que comenzó con los indultos y que continuó con la reforma del Código Penal y culmina ahora con la Ley de Amnistía, y ha dicho que la influencia de los independentistas en el Congreso ha sido una condición necesaria pero no suficiente.
Esquerra no es la única en visibilizar recelos. Ómnium Cultural (una de las plataformas mas activas en la lucha por la independencia) también ha expresado sus suspicacias sobre la ofensiva judicial que se vislumbra en el horizonte más cercano.
Este colectivo subraya que tiene «muy claro» que el poder judicial hará «maniobras para sabotear» la aplicación de la amnistía. La «más probable», según apuntan, es que algunos jueces hagan una «aplicación restrictiva» de la ley y que, por lo tanto, su activación no sea «fácil ni inmediata».
Es en esta línea que, a modo de contraataque, Òmnium ha anunciado ya que activará todos los mecanismos a su alcance para que la propia entidad pueda actuar como agente de «coordinación y apoyo» para todas las personas que quieran solicitar formalmente la amnistía.
En medio de este escenario de desconfianzas, el PP insiste en reprochar que la luz verde a la ley se está retrasando «por el miedo del Gobierno a las urnas» en alusión a los comicios europeos que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha planteado como un plebiscito personal.
En la última sesión de control al Gobierno en el Senado, los populares preguntaron por qué si la ley se aprobó el pasado 30 de mayo, no se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y si la intención es «dejarla en un cajón».
Génova tiene el convencimiento de que no la publican por temor a que les pueda pasar factura en los comicios al Parlamento Europeo y también y porque tienen miedo a la aplicación de la propia ley. «Temen a los jueces y temen que vuelva Puigdemont, por eso esperarán a este 10 de junio para volver a cambiar de opinión», ironizó en este sentido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García,
Lo que está claro es que cuando finalmente salga reflejada en el BOE, tendrá que librar una dura batalla en el campo de la judicatura española y también en el del Derecho europeo.