La Junta de Castilla y León vuelve a salir en tromba contra el Ministerio que comanda Óscar Puente. En esta ocasión el motivo es la denuncia realizada por el Ejecutivo regional de que el nuevo mapa de transportes que está elaborando Transportes va a suponer la supresión de 346 paradas de autobús interurbano en la Comunidad, Una denuncia que no es nueva, y que ya verbalizaron desde la Junta hace meses, pero que ayer resucitaron tanto el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco como la consejera de Movilidad, María González, después de que el ministro de Transportes anunciara colaboración «estrecha» con las comunidades para abordar el futuro plan. «Llegaremos incluso a los tribunales», advirtió Fernández Mañueco tras asegurar que el documento que maneja Transportes contempla la eliminación de 346 paradas de los autobuses interurbanos que unen los diferentes municipios de la Comunidad, algo que calificó como «un nuevo palo» a Castilla y León.
Un «desprecio infame», lamentó el presidente de la Junta, que aseguró que no lo van «a consentir», acudiendo en primer lugar al Congreso, al Senado, a las Cortes de Castilla y León, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos para intentar frenarlo e incluso llegando a «los tribunales» para «defender a la gente de nuestra tierra y nuestros pueblos». «Le vamos a decir 'no' a Puente», concluyó el presidente, según informa la Agencia Ical. Para Fernández Mañueco, el nombramiento de Óscar Puente ya fue un movimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para avergonzarnos a todos» los castellanos y leoneses.
«No podemos permitir que, en un nuevo mapa, se eliminen paradas en el medio rural mientras nosotros apostamos por un medio de transporte más eficaz, más sostenible, como autobuses más modernos», significó por su parte la consejera de Movilidad, que afeó la postura del ministro de Transportes por anunciar una colaboración «estrecha» pero luego dar la «callada por respuesta» a la Junta de Castilla y León a las cartas enviadas al Ministerio para abordar los temas que afectan a la Comunidad. En este sentido advirtió de que si la forma de colaboración que prevé el Gobierno de España con las comunidades es plantear un mapa de transportes que supondrá la supresión de 346 paradas en Castilla y León, según el borrador inicial, será «difícil» llegar a un acuerdo con la Junta. «Es una pena y una lástima que un ministerio no quiera dialogar».
Precisamente ayer la Junta recibió en la Asamblea de la Confederación Española de Transporte en Autobús el Premio Confebus 2024, que reconoce a personas o entidades que hayan destacado por su aportación y dedicación al transporte de viajeros por carretera, divulgando así en el mundo empresarial la labor realizada en favor del sector. González Corral destacó su importancia en una comunidad «tan extensa y dispersa» y señaló que, precisamente por las características de Castilla y León, se trata de un «servicio público esencial y vital para la Junta, como factor de cohesión y vertebración social y territorial».
El nuevo mapa de transportes, un problema que viene de la anterior legislatura
La denuncia realizada desde el Ejecutivo regional viene arrastrada de la anterior legislatura del Gobierno central, cuando la entonces ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, presentó el nuevo mapa de rutas de autobús interautonómico. En total, el número de pueblos afectados por la reestructuración que plantea el Ejecutivo central de las concesiones de autobús en Castilla y León son 346, con una población de 213.436 personas (casi el diez por ciento de los habitantes de la Comunidad), si bien los viajeros que las utilizaron en 2019 fueron 92.078. Según explicaba entonces el Ministerio, se trata de municipios «con muy poca población o que presentan una demanda de viajeros entre comunidades autónomas muy exigua».
No obstante, la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, y ahora directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virginia Barcones, envió una carta a todos los alcaldes de la Comunidad para aclararles que la renovación del mapa concesional de transportes de viajeros por carretera no iba a suponer la eliminación de paradas y líneas de autobús que sean de titularidad estatal. «Yo lo voy a decir con absoluta claridad. No se va a suprimir ninguna parada, ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado», reiteró en varias ocasiones Virginia Barcones.