Iniciando ya la nueva sementera en la mayor parte de la península (dependiendo de la latitud y de si se trata de trigo, colza o vezas), el sector agrario cierra una campaña difícil, con ribetes negros, donde se han conjugado tres factores negativos corregidos en parte por las ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura: sequía, costes de producción y precios en los mercados. En este último punto, el aceite de oliva habría sido la principal excepción, junto a algunas producciones de frutas y hortalizas.
La sequía volvió a ser la gran protagonista en la actividad agraria, especialmente en la agricultura por razones obvias. En cualquier caso, también tuvo un importante impacto negativo en la actividad de las cabañas extensivas. En primer lugar por la falta de pastos prácticamente en la totalidad de los territorios -se salvaron algunas comarcas norteñas-, pero también por la necesidad de llevar agua al campo y sobre todo el complemento de los piensos, aunque en este último aspecto se hayan beneficiado por la caída de las cotizaciones de los cereales.
Como consecuencia de la falta de lluvias se vino abajo la cosecha cerealista, que se quedó en solo unos 10 millones de toneladas frente a los 17 millones del ejercicio anterior. Se ha registrado un importante recorte en la producción de vino, manejándose cifras de solo unos 35 millones de hectolitros frente a los más de 40 millones de la campaña pasada. Se han caído las previsiones de cosecha en el girasol a solo unas 600.000 toneladas frente a las casi 900.000 estimadas antes del verano. Y en frutas y hortalizas los resultados de las producciones son muy dispares en función del cultivo y del territorio, aunque en cualquier caso han estado marcadas por la merma del consumo y las exportaciones.
El incremento de los precios de los medios de producción hasta cifras de unos 35.000 millones de euros ha constituido en los últimos doce meses un dolor de cabeza para agricultores y ganaderos, con subidas medias de un 40%, encarecimientos que han sido incluso superiores en abonos o energía. Aunque estos aumentos se han frenado ligeramente en los últimos meses, siguen minando la rentabilidad del sector sometiéndole a una montaña rusa que llena de incertidumbres a los propios profesionales acerca de qué va a ser de sus explotaciones en un futuro inmediato.
Finalmente se halla el comportamiento de los precios de venta de los productos agrarios en origen. En teoría los operadores o la industria deben abonar, al menos, los costes de producción de los mismos. O eso es lo que dice la Ley de la Cadena.
Las críticas del sector a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura por el incumplimiento de esta exigencia por parte de operadores o industrias se repite en las diferentes producciones, desde los cereales al vino, pasando por la leche y otras muchas. Lo cierto es que el sector considera que los precios medios de venta se hallan por debajo de los costes. En el caso del vino, en las zonas de mayor producción como Castilla-La Mancha se habla de precios base congelados del año pasado en el entorno de los 0,20 euros para la variedad airén o de 0,36 para el tempranillo, sin tener en cuenta los mayores costes. En Rioja, frente a unos costes estimados por el Gobierno regional en 0,70 euros por kilo, la ventas se sitúan entre los 0,55/0,60 euros. En leche, frente a los 0,58 euros de coste manejados por el sector, los precios medios se hallan entre los 0,52 y 0,53 euros por litro.
Mejora en la aplicación.
La Ley de la Cadena de 2014 y las sucesivas reformas de la misma en base a las normativas comunitarias o simplemente para lograr una mayor eficiencia en su funcionamiento han supuesto un paso positivo en la defensa de los intereses del sector agrario por tratarse de una exigencia a la hora de hacer contratos o fijar periodos de pago. Se impone, sin embargo, una necesaria mejora en su aplicación. De entrada, se hace necesaria la puesta al día de los precios de coste que, en muchos sectores, se han quedado obsoletos ante la cambiante realidad que vivimos. El Observatorio para el Control de los Precios de Venta en la Cadena alimentaria fue un paso positivo, pero pone en evidencia la necesidad del sector de disponer también de otro observatorio sobre el comportamiento de los costes de producción, básicamente para poder alcanzar el objetivo de defender las rentas del campo.
Producciones y precios de venta al margen, en relación con este ejercicio, en la parte positiva del mismo se hallan las ayudas directas e indirectas aplicadas por el Ministerio de Agricultura para compensar ingresos y costes de producción impulsadas a la sombra de los efectos de la sequía y acontecimientos como la invasión de Ucrania. Esta política de apoyos se tradujo en la asignación de 365 millones de euros en subvenciones directas a la ganadería para compensar el incremento de los costes de producción provocado por la invasión de Ucrania y la sequía. Las cuantías han quedado en de 157 euros por vaca nodriza, 18 euros por oveja o cabra, 61 euros por vaca de leche y 11 euros por oveja, fondos que se pagarán desde este mes de octubre.
En el caso de la agricultura, los fondos ascienden a 357 millones a pagar antes del próximo 31 de enero. A estas cifras se suman otros 300 millones de euros para compensar la subida de los precios de los fertilizantes o el incremento en 100 millones del presupuesto de Agroseguro hasta los 357 millones para subvencionar el coste de las primas hasta el 70% de la póliza en el caso de una persona joven y profesional. Agricultura valora todas las ayudas directas extraordinarias concedidas al sector agrario este año en 1.380 millones de euros, que se suman a los 4.875 millones de fondos para este ejercicio como ayudas de la PAC
En este contexto, el balance global del ejercicio, como consecuencia de la sequía, de los mayores costes y de los precios de los mercados, apuntaría a una nueva reducción la renta que se sumaría a la bajada del año anterior, en el que ya se registró un descenso superior al 6% para situarse en 27.660 millones de euros, frente la cifra récord de 2017 de más de 29.000 millones en moneda corriente. Dado que el pasado año ya se registró esa caída, para este ejercicio, en el mejor de los casos, se hablaría oficialmente de estabilidad.