El miércoles se cumplió un mes desde que los agricultores españoles tomaron las carreteras y las calles de todo el país para protestar por su situación, a rebufo de las manifestaciones que ya estaban produciéndose en media Europa desde unos cuantos días antes. A día de hoy siguen saliendo haciéndose notar en muchos puntos de la geografía nacional, puesto que consideran que sus demandas no están siendo ni tienen visos de ser satisfechas.

Pero, ¿qué es realmente lo que piden los agricultores y los ganaderos europeos? COPA y COGECA han dado un paso al frente y se han dirigido directamente a las autoridades comunitarias para dejar claras sus reivindicaciones que, a la postre, son las de todo el sector primario de la Unión Europea (UE), al que representan. En una demostración de unidad y preocupación por el futuro de la agricultura europea, ambas entidades han elevado su voz a través de una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al primer ministro belga, Alexander De Croo, con copia a todos los jefes de Estado de la UE. Esta carta, firmada por Christiane Lambert y Lennart Nilsson, presidentes COPA y COGECA respectivamente, junto con representantes de más de 60 organizaciones que forman parte de estas entidades, subraya la necesidad crítica de reorientar las políticas de la UE para asegurar el futuro de la agricultura y la silvicultura dentro del proyecto europeo.

Los firmantes de la carta, representando a agricultores y cooperativas agrícolas de los 27 Estados miembros, hacen un llamado a los líderes de la UE para que consideren la importancia estratégica de la agricultura y la silvicultura, no solo como proveedores de alimentos y productos agrícolas esenciales sino también como guardianes de la seguridad alimentaria y custodios de las zonas rurales y la biodiversidad. El texto destaca cómo las políticas recientes y las percepciones han marginado las voces de los agricultores y han minimizado el valor estratégico de la agricultura dentro del proyecto europeo. Argumenta que el enfoque actual ha favorecido la polarización sobre la ciencia y la evidencia práctica, lo que a su vez ha desviado la atención de abordar los problemas reales que enfrenta el sector.

El ritmo no para - Foto: E.G.M Eugenio Gutiérrez MartínezLos retos económicos, climáticos, sociales y geopolíticos convergentes están poniendo en peligro los medios de subsistencia de numerosos agricultores, exacerbados por políticas comerciales de la UE que imponen presiones insostenibles en ciertos productos esenciales. Además, el Green Deal (Pacto Verde) para la agricultura es descrito como un «tsunami normativo», criticando las consultas apresuradas y la falta de evaluación de los objetivos y las propuestas.

La creciente ola de protestas agrarias en toda Europa refleja la urgente necesidad de reorientar las políticas de la UE hacia la agricultura y la silvicultura, según la carta. Propone medidas concretas a corto plazo, como la simplificación del trabajo de los agricultores, la mejora de las Medidas Comerciales Autónomas para Ucrania o la garantía de una remuneración justa dentro de la cadena alimentaria. Este último punto, que en España está teóricamente garantizado por la última reforma de la Ley de la Cadena, es también una de las más importantes reivindicaciones nacionales, ya que el sector echa en falta mecanismos para que la norma pueda aplicarse de manera correcta.

La misiva también aboga por un enfoque más medido hacia la innovación, incluyendo el avance en las plantas obtenidas con Nuevas Técnicas Genómicas (NGT, por sus siglas en inglés) de categoría 1 (indiferenciables de las obtenidas por métodos tradicionales) y una revisión crítica de legislaciones como la Directiva sobre Emisiones Industriales y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta última, incomprensiblemente, se aprobó la semana pasada con el apoyo de un Parlamento Europeo que había tumbado el mismo texto un par de meses antes.

Con miras al futuro, los firmantes piden un enfoque regulatorio reducido y de mayor calidad, subrayando la necesidad de un presupuesto de la UE que refleje los desafíos a los que se enfrentan los agricultores, coherencia en la política comercial con terceros países, y una nueva dirección para la agricultura respaldada por estudios de viabilidad y debates técnicos. En momentos cruciales, esta carta abierta marca una llamada a la acción para los líderes de la UE, solicitando un cambio estratégico que coloque nuevamente a la agricultura, la ganadería y la silvicultura en el corazón de la estrategia europea, asegurando así un futuro sostenible para el sector y para Europa.

Según registra la carta, el futuro mandato de la Comisión debe centrarse en cuatro imperativos. Por un lado, el próximo presupuesto de la UE debe reflejar los numerosos retos a los que se enfrentan los agricultores; en segundo lugar, la agenda de la política comercial debe ser coherente con la ambición fijada en el mercado interior, garantizando al mismo tiempo sólidas medidas de reciprocidad y asegurando la atención a las producciones sensibles de la UE; además, cualquier nueva propuesta relacionada con la agricultura debe estar respaldada por un estudio de viabilidad, debatido con las partes interesadas; y, finalmente, se necesita un Comisario de Agricultura y Zonas Rurales con un papel clave como Vicepresidente de la Comisión Europea.

Un mes de protestas.

De vuelta en España, llevamos cuatro semanas con cortes de carreteras y tractoradas que empiezan a dar fruto, aunque se mantiene un calendario de movilizaciones para los próximos días. La atención que se está prestando por parte de los medios y la sociedad en general facilita que las autoridades -sobre todo el ministro- hagan caso, por lo que, de momento, no tienen pensado parar.

El sector primario se echó a las calles el 6 de febrero, como hacían ya sus colegas de otros países europeos, para denunciar algunas cuestiones que les son comunes a todos ellos, como la burocracia y las exigencias ambientales de la PAC o la competencia de las importaciones procedentes de territorio extracomunitario. Estos son los aspectos sobre los que, de momento, agricultores y ganaderos han obtenido una mayor respuesta de las autoridades después de semanas de constantes cortes de carreteras, bloqueos en centros logísticos, masivas tractoradas en las ciudades y algunos actos de reparto y de vuelco de alimentos.

Destacan aquí la propuesta de exención de los controles de condicionalidad de la PAC para las explotaciones de menor tamaño, la voluntariedad del cuaderno digital y la modificación de las normas de buenas prácticas agrarias relativas a la rotación de cultivos y el barbecho, dentro de un paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea (CE). El problema es que de momento solo es eso, una propuesta, y el sector quiere verlo negro sobre blanco lo antes posible, pues temen que estas cuestiones pasen a un segundo (o tercer) plano una vez que las protestas en la calle finalicen.

Los ministros de Agricultura de la UE ya reclamaron la semana pasada a la Comisión que complete «rápidamente» estas iniciativas, algunas de las cuales deberán ser objeto de una reforma legislativa acelerada, pero han señalado que «no son suficientes» y le han pedido al organismo que las complete con un paquete de medidas «más ambiciosas». Los representantes de los Veintisiete también se han mostrado optimistas sobre la posibilidad de poder establecer a futuro «cláusulas espejo» para que los productos importados de países terceros cumplan las mismas exigencias que los comunitarios, pero con optimismo no basta y los agricultores quieren realidades.

«Tenemos que aprender las lecciones de lo que está ocurriendo», ha expresado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha reconocido que si bien «siempre un nuevo periodo de la PAC supone más dificultades administrativas», la actual es «más compleja». Planas ha mantenido ya tres reuniones con las organizaciones profesionales agrarias (OPA) reconocidas como interlocutores válidos por el Ministerio, ASAJA, COAG y UPA -responsables de algunas de las grandes movilizaciones de estos días, pero no de todas-, para explicarles estas propuestas junto a otras -hasta 30- que abarcan también las preocupaciones a nivel nacional del sector. Se incluye aquí el compromiso del Gobierno de crear una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de la Ley de la Cadena Alimentaria, para evitar las ventas a pérdidas. Las OPA han valorado estos avances pero han advertido de que habrá más movilizaciones si no hay soluciones concretas.

Además, este lunes el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha analizado con las comunidades autónomas los posibles cambios en la aplicación de la Política Agraria Común en España tras las protestas del sector en el último mes. El Ministerio y las comunidades autónomas volverán a reunirse la próxima semana, antes de que España inicie el «diálogo informal» con la Comisión Europea con vistas a definir los cambios que se van a plantear.

¿Qué son COPA y COGECA?

COPA es el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas y representa a más de 22 millones de agricultores europeos y sus familiares en un esfuerzo combinado con sus miembros para promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la UE y otras partes interesadas pertinentes. COGECA es la Confederación General de Cooperativas Agrícolas y representa los intereses generales y específicos de las de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas entre las instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones socioeconómicas que contribuyen a la toma de decisiones. Ambos organismos representan la voz unida de los agricultores y de las cooperativas agrarias en la UE para garantizar la seguridad alimentaria de 500 millones de personas.

La doble importancia de la cláusulas espejo.

Los agricultores y ganaderos demandan reciprocidad para las producciones que llegan de países de fuera de la UE. Esta reivindicación tiene dos vertientes. Por un lado está la necesidad de que el sector primario de la Unión Europea pueda competir en igualdad de condiciones frente a terceros países. Si un territorio extracomunitario puede usar fitosanitarios que en la UE están prohibidos y permite unas condiciones laborales inferiores (salarios) a las que aquí tenemos, será capaz de generar un mayor rendimiento por unidad de superficie y además por menos dinero, teniendo así ventaja a la hora de competir en el mercado. Por otra parte, la detección esta semana de una partida de fresas procedente de Marruecos con hepatitis A pone de manifiesto que esos productos de fuera pueden llegar con patógenos o sustancias dañinas. El caso de la hepatitis es extremo, pero mucho más común es el uso de fitosanitarios que aquí están prohibidos o muy restringidos y que llegan a nuestros comercios con unas concentraciones que a los agricultores comunitarios no se les permiten. Es, por tanto, una cuestión de salvaguardar al sector, pero también de salud.