De una población total de unos 450 millones de personas, entre los días 6 y 9 están llamados a las urnas unos 370 millones de ciudadanos comunitarios para la elección de 720 representantes en el Parlamento Europeo. En nuestro país se trata de un proceso en el podrán votar unos 38 millones de españoles, residentes en España y en el exterior, para elegir a 61 representantes.

En un momento especialmente convulso por los diferentes conflictos políticos, el campo en general, y más en particular la actividad agraria y agroalimentaria, la PAC, los mercados, el medio ambiente, el bienestar animal o el territorio rural constituyen algunos de los ejes más importantes en los programas de las diferentes formaciones políticas ante las actuales elecciones al Parlamento Europeo. Otros temas que preocupan de cara a estas votaciones son la energía o la defensa, respondiendo a las demandas de los ciudadanos.

Junto a la Comisión, aunque en otros casos más allá de las tareas de este órgano o incluso del Consejo, el Parlamento tiene hoy en sus manos las tareas de legislar, elaborar presupuestos, plantear iniciativas parlamentarias o realizar tareas de control. En consecuencia, se trata de una institución cuya composición es un elemento clave a la hora de adoptar decisiones importantes también en la política agraria, desde las recientes modificaciones medioambientales de la PAC hasta otras relacionadas con los mercados.

El Parlamento, cuyos eurodiputados se eligen cada cinco años, es un campo de batalla donde se dirimen, en muchos casos con posiciones totalmente enfrentadas, cuestiones fundamentales en materia de medio ambiente, bienestar animal, uso de productos zoo o fitosanitarios, técnicas de laboreo, etc., con importantes intereses económicos en juego para la actividad agraria y el mundo rural.

Aunque su ubicación en Estrasburgo alienta una imagen de lejanía o de una institución de segunda fila sometida a los vaivenes de los partidos políticos dominantes en cada momento frente a la imagen más técnica y de menores interferencias de la Comisión, la realidad es que sus acuerdos influyen decisivamente en la actividad agraria y afectan al objetivo de agricultores y ganaderos de lograr una actividad rentable y competitiva con una sostenibilidad medioambiental en todo el proceso.

Desde la perspectiva del trabajo en el campo, el Parlamento ha sido paso obligado para las importantes disposiciones como la estrategia 'De la Granja a la Mesa', por la que se exigía una reducción del 20% y del 50% en el uso de productos fito y zoosanitarios, aunque ese requerimiento supusiera un recorte en las producciones y, en consecuencia, una mayor dependencia exterior y una pérdida de soberanía alimentaria. Del Parlamento también emana la estrategia 'Biodiversidad 2030' en materia de protección medioambiental, que, junto con la anterior, forman parte esencial del llamado Pacto Verde Europeo.

En el sector agrario, más que la política de ayudas PAC, que siguen siendo necesarias, en el puesto más alto de las preocupaciones y demandas se halla la política de fronteras y de mercados en la Unión Europea, donde se abren autopistas para la entrada de productos de terceros países con unas condiciones diferentes de producción, costes y razonables dudas en materia de seguridad y calidad alimentaria. Esta situación de indefensión es la razón por la que en estas fechas miles de agricultores españoles y franceses hayan salido a las carreteras en demanda de soluciones comunitarias.

Mercados.

El Parlamento ha sido y se mantiene como protagonista para el desarrollo de la política comunitaria de mercados, tanto en lo que se refiere a la normativa interior como para hacer frente al reto que suponen las importaciones desde terceros países. Bruselas hizo inicialmente una apuesta por evitar una excesiva dependencia externa en materia de aprovisionamiento agroalimentario y avanzar en una cierta soberanía apoyando las producciones propias en el campo y estableciendo reglas de juego para la entrada de productos desde terceros países. En dirección opuesta, desde el Parlamento se dio salida sin embargo a los diferentes acuerdos comerciales con terceros países para aumentar las importaciones con el establecimiento de mecanismos para limitar su entrada en frontera y evitar un impacto negativo sobre las producciones internas, aunque no siempre se ha conseguido salvaguardar los intereses de los productores comunitarios.

Razones políticas, como el caso del acuerdo con Marruecos o el uso del campo como moneda de cambio en beneficio de exportaciones comunitarias de otros sectores (industriales), facilitaron acuerdos con terceros países con los productos agrarios importados como protagonistas. A iniciativa de la Administración española, Bruselas ha planteado como uno de ejes de la política agraria de cara a las importaciones la denominada cláusula espejo, que supone exigir a los productos importados haber acometido las mismas exigencias que deben cumplir los países miembros en las mismas producciones.

Por el Parlamento han pasado los debates sobre la normativa referida al bienestar animal, mediante la que Bruselas eligió un sistema de explotación menos intensivo y más costoso para los ganaderos, obteniendo una carne de mayor calidad pero más cara de producir a la que no siempre responde la demanda de los consumidores.

El respeto al medio ambiente compatible con las prácticas modernas de laboreo constituye otra de las nuevas exigencias de la Política Agraria Común. En este punto existen posiciones enfrentadas entre quienes apuestan por políticas menos restrictivas y quienes defienden o promueven una mayor dureza en los requisitos medioambientales. En este contexto se halla hoy el debate sobre la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza: unos apoyan su aplicación, mientras desde la otra posición solo se la ve como un hándicap a la hora de conseguir rentabilidad en la actividad agraria.

Por el Parlamento también tienen paso obligado los debates sobre el cambio climático y sus efectos sobre la actividad agraria con la mirada puesta en el futuro, al igual que las políticas para el relevo generacional en un sector dominado por personas de edad avanzada. En la misma línea se halla la problemática de un territorio rural cada vez más despoblado por la propia evolución de la actividad agraria, menos necesitada de mano de obra, mientras no se multiplican otras alternativas de actividad en esas zonas.

Para conseguir un sector agrario más competitivo es fundamental la innovación y el desarrollo tecnológico, desde la producción a la transformación y la comercialización. También son necesarios mecanismos para que haya unos precios que cubran los costes de producción, como se contempla en la normativa comunitaria al respecto de la Ley de la Cadena. El Parlamento Europeo, en definitiva, tiene en sus manos muchas de las respuestas que en este momento demanda la actividad agraria y agroalimentaria y el territorio rural.

Se trata de una institución golosa para ocupar un escaño, considerando también las elevadas retribuciones de sus miembros. En muchos casos, un puesto en las lista para ser elegido eurodiputado era un premio que daban los partidos a sus hombres más fieles por servicios prestados, una jubilación dorada, sin tener en cuenta su capacidad para el puesto. Por su peso en la vida diaria de los ciudadanos, es indispensable que cada partido haya elegido a los mejores y que los votantes tengan información suficiente para elegir la papeleta de quienes mejor puedan defender sus intereses.