Este gobierno cuenta con 869 asesores según los últimos datos oficiales, una cifra de escándalo que multiplica por mucho los de gobiernos anteriores.
Con esa cantidad de personas a las que pagamos todos los españoles para que el presidente, sus ministros y altos cargos estén bien documentados antes de toma decisiones que nos cambian la vida ¿no hay nadie capaz de informarse antes de redactar unas páginas sobre el tema que le han encargado, que recojan las consecuencias de plantear la norma de tal o cual manera, de analizar pros y contras? ¿No hay nadie con la vida de un ciudadano normal y corriente y conozca por tanto como es la vida normal y corriente?
Está bien que esos numerosísimos asesores se centren en cuestiones que Sánchez considere básicas para que le sigan votando -que importa mucho más que resolver los problemas de los ciudadanos- y estos días por ejemplo den vueltas a los asuntos judiciales. Prioritarias para los actuales gobernantes , porque jamás se ha visto un gobierno más cuestionado, que haya cometido tantos abusos en ese terreno. Ha retorcido las leyes de tal manera para utilizarlas a su favor. que ha conseguido que algunos de los magistrados de más prestigio hoy vean ese prestigio perdido ante el servilismo que demuestran ante el presidente.
Entremos en cuestión. Las medidas que ha anunciado el ministro Escrivá para impedir que los menores tengan acceso a las páginas webs con contenidos para adultos, y para que los adultos cumplan determinadas normas para tener acceso a webs pornográficos, son de no creer. Da la impresión de que el gobierno y sus asesores no son de este mundo. O puede que el gobierno y sus asesores consideren que la mayoría de los españoles son tontos de solemnidad.
Las normas para los adultos que quieren entrar en páginas webs de contenido sexual inciden directamente en su privacidad: no se pueden exigir datos personales que corresponden a la vida íntima de cada uno, a no ser que sea delictiva. En cuanto los requisitos para los menores, cualquier crío de doce años sabe cómo burlarlos.
Da la impresión de que entre esos casi 700 asesores no hay ninguno que se haya molestado en conocer dónde están domiciliadas las páginas web más importantes, que no es España y, por tanto, no se rigen por las normas que anunciaba Escrivá. Tampoco parecen saber que eso de que hay que inscribirse en la página que promueve el gobierno, aún no activa, es imposible que funcione. Que el ciudadano de turno debe demostrar su edad, recibir un código y facilitarlo antes de entrar en una de esas páginas porno. Una operación fácil para los menores, pero probablemente no para la mayoría de sus padres.
Promover una buena educación y unos principios está bien. Pero con inteligencia y conocimiento de causa. Por no mencionar que, desde el propio gobierno, no es precisamente buena educación y principios lo que se fomenta….