En esa especie de déjà vu en el que vive la política española desde hace tiempo, la estabilidad de la legislatura y del propio Gobierno sigue en manos del independentismo catalán y de su dedo siempre amenazante. El Congreso abre el nuevo curso parlamentario bajo la presión de Junts, que ya avisa de que negociará con el Gobierno a cara de perro cada asunto de forma individualizada y, si hace falta, votará con el PP en un hemiciclo por el que deberán pasar normas de calado, en especial los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo de coalición se enfrenta a un nuevo periodo de sesiones, que celebrará su primer pleno en la segunda semana de septiembre, con las mismas dificultades que inició la legislatura para sacar adelante sus iniciativas, de nuevo con todas las miradas puestas en la formación de Carles Puigdemont.

En las filas de JxCat consideran que el pacto entre ERC y PSC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat «refuerza» la estrategia del partido en Madrid y les da manos libres para continuar negociando «pieza a pieza» con el Gobierno central, según subrayan fuentes de la formación.

Desde el partido recuerdan que no forman parte de ningún bloque, que no han firmado ningún acuerdo de legislatura con el PSOE y que no les importa votar en el mismo sentido que el PP, como ya ocurrió la pasada semana en la Diputación Permanente en relación con la comparecencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

JxCat celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre un congreso extraordinario «de autoafirmación», en el que se prevé que el liderazgo de Carles Puigdemont quede reforzado a nivel orgánico.

Aunque se asegura que este cónclave no supondrá un cambio en su estrategia en Madrid, la correlación de fuerzas que resulte del mismo puede hacer que los sectores menos pactistas acaben cogiendo más fuerza en el debate interno de la formación postconvergente.

Pero no sólo Junts amenaza con poner difíciles las votaciones en el Congreso. Podemos también ha dejado claro que dará la batalla al considerar que los socialistas no tienen intención de aprobar las transformaciones que necesita España.

Los populares, el grupo con mayor representación en la Cámara, centrarán su trabajo en evidenciar que tienen capacidad legislativa desde la oposición. Habrá iniciativas planteadas por el PP, sobre todo en el ámbito social y económico que, dicen desde Génova, saldrán adelante con el apoyo de Vox y Junts, una vez que éstos han «roto amarras con el sanchismo».

Pescar en río revuelto

El Senado servirá además al PP para impulsar algunas de sus iniciativas, que agrupan en lo que denominan «leyes Feijóo», aprobadas en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, y «bloqueadas» -denuncian- en la Mesa del Congreso por su presidenta, Francina Armengol.

El momento actual permite al partido de Alberto Núñez Feijóo marcar prioridades y mostrar una acción desde la oposición -con sus 137 diputados y su poder territorial- parecida a la que harían desde el Gobierno. En definitiva, en el Congreso se evidenciará, dicen, la «debilidad» del Ejecutivo frente a la «fortaleza» de los populares.

En Moncloa se asumen las dificultades que pueden sucederse en el nuevo curso político pero recalcan que ya se han superado otros momentos que parecían muy difíciles tanto en la pasada legislatura como en la presente.

Existe la determinación de seguir adelante con la hoja de ruta prevista, que incluye la presentación del proyecto de ley de presupuestos para 2025 después de que no fuera posible aprobar los de este año.

Para ello Junts es clave, y fuentes del Ejecutivo reconocen que es imprevisible la actitud que pueda tener el partido de Puigdemont ateniéndose a los antecedentes y después de la llegada de Illa a la Generalitat. Sí confían en el respaldo de ERC pese a las avisos de los republicanos de que pueden retirar su apoyo a Sánchez si no se cumple lo pactado en Cataluña, porque tienen el convencimiento de que todo lo firmado se va a llevar a cabo.

Aunque la prioridad del Gobierno no es mantener la maquinaria legislativa a todo gas, como sí hizo en la anterior legislatura, hay leyes de calado que tramitar en el periodo que ahora comienza.

La joya de la corona serían los Presupuestos Generales del Estado, que ya han anunciado que presentarán «en tiempo y forma», para lo cual tienen aún el mes de septiembre, pese a la incertidumbre sobre qué hará el independentismo catalán. Aún le quedaría además un primer obstáculo y paso previo, la aprobación del techo de gasto, tumbado el pasado julio con el voto en contra de Junts.

La aritmética entre PSOE y sus socios parlamentarios funcionó al inicio de la legislatura, pero se ha tambaleado en los últimos meses.

Se vio con la imposibilidad de aprobar el techo de gasto pero también al no sacar adelante, en julio, la proposición de ley para reformar la ley de extranjería. Un asunto sobre el que sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y la oposición, con posiciones que parecen cada vez más distanciadas entre la escalada de reproches y acusaciones mutuas ante la crisis migratoria.