El gran melón del equilibrio económico territorial sigue sin abrirse y el elefante ya amenaza con hacer saltar por los aires la habitación. La famosa financiación autonómica, clave de bóveda de la arquitectura financiera de las regiones, continúa sin reformarse pese a los aparentes gritos en el desierto de comunidades como Castilla y León, que claman desde hace años por una modificación que nunca termina de llegar. El próximo año se cumplirá una década desde que el anterior modelo caducara –su vigencia se estableció de 2009 a 2014–, y la posibilidad de que la ansiada reforma de la misma se produzca está hoy igual de lejana que ayer y que mañana. Ni las mayorías absolutas de Mariano Rajoy (PP), ni la etapa de Pedro Sánchez (PSOE) al frente del Gobierno han servido para desencallar, más allá de declaraciones de intenciones barridas por el viento, un problema enquistado y donde cada comunidad barre para casa.
Desde Castilla y León la posición es clara y unánime: el actual modelo es insuficiente para que el Gobierno regional cubra los gastos de servicios esenciales –educación, sanidad y servicios sociales– y exige que el nuevo sistema venga de la mano de variables que tengan a la dispersión poblacional y el envejecimiento como puntales. «No cuesta lo mismo prestar un servicio sanitario, educativo o social en una ciudad que en un pueblo de la montaña leonesa, palentina o soriana». Mantra grabado en sangre en los responsables autonómicos, que escapan de los datos por habitante, y piden centrarse en el «coste real» de los servicios.
Postura que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, verbalizó por enésima vez la pasada semana durante el debate de política general en las Cortes. Allí tendió la mano a todos los grupos políticos para suscribir un pacto de Comunidad que fije un criterio común independientemente del color político en defensa de esta reforma del sistema. Pacto que ya se suscribió en 2016 durante la época de Herrera, pero que ahora Fernández Mañueco quiere renovar ante las exigencias de los partidos independentistas para sus territorios. «Estaremos especialmente vigilantes», ha avisado Fernández Mañueco.
Los cálculos elaborados por este periódico revelan que desde que en 2014 venciese el actual sistema, Castilla y León arrastra un déficit de 5.500 millones de euros entre lo ingresado por la Junta desde el Ministerio de Hacienda en base al actual modelo de financiación y el coste de los servicios que cubre con este dinero. Ni el espectacular repunte de los fondos recibidos este año –8.100 millones– sirven para aplacar el creciente gasto que lleva aparejado una comunidad envejecida, dispersa y con un gasto sanitario claramente alcista.
Por encima de la media
No obstante, lo cierto es que Castilla y León sigue siendo de las regiones de España que presentan un mejor balance de pagos en la financiación autonómica. Concretamente es la sexta del conjunto nacional con un índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante más elevado. El informe 'La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2021' elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) fija para Castilla y León un índice de 106,3. Es decir, que recibe 6,3 puntos más que la media por habitante ajustado. Una cifra ligeramente superior a la que tenía en 2014, año en que caducó el modelo, cuando la Fundación le atribuyó 106,2 puntos y el sexto puesto. Atendiendo a esto, el reparto que la Comunidad recibe del modelo de financiación por habitante ajustado no ha variado apenas desde que venciese su vigencia.
«Para calcular esta financiación efectiva se construye la suma de tres grandes partidas económicas: los rendimientos homogeneizados de los tributos cedidos a las comunidades autónomas con capacidad normativa, los rendimientos reales de los tributos cedidos sin capacidad normativa y las transferencias del Estado y de otras comunidades. Con la excepción del Fondo de Suficiencia, las partidas incluidas dentro de esta última rúbrica varían con el tiempo», resumen desde Fedea.
Reivindicación común
Castilla y León tiene un saldo positivo de 1.886 millones de euros entre sus ingresos tributarios y la financiación efectiva a competencias en términos homogéneos. O lo que es lo mismo, que recibe más dinero del Estado vía financiación autonómica del que aporta a la hucha común. Este dato sitúa a la Comunidad, como la tercera con mejor saldo, por detrás de Andalucía, con 4.934 millones, y Canarias, con 3.683. Así lo revela Fedea en otro informe, que detalla que la Comunidad tuvo ingresos tributarios de 6.266 millones en 2021 pero recibió una financiación efectiva de 8.152. Por habitante ajustado, Castilla y León recibió ese año 3.150 euros, casi 200 más que la media de las comunidades y la séptima con mejor dato.
Realidad que no consuela al Ejecutivo regional, que lleva varios años llamando a las puertas del Ministerio de Hacienda, independientemente del color del Gobierno, pidiendo una modificación de los criterios que se ajuste a la realidad actual y tenga en cuenta variables como el envejecimiento o las dispersión poblacional. Actualmente los criterios caducados que utiliza Hacienda para el reparto son los siguientes. Población protegida equivalente: 38%; población: 30%; población en edad escolar: 20,5%; población mayor de 65 años: 8,5%; superficie: 1,8%; dispersión de la población: 0,6%, e insularidad: 0,6%.
Reclamación en la que Castilla y León no está sola. Ocho comunidades –Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja– se reunieron hace dos años para firmar la declaración de Santiago, que aúna las exigencias comunes de unas regiones con los mismos problemas. Texto que se resumen en que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan, así como otras variables demográficas como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento.
Al otro lado, aunque de cara al público niegan que se trate de un «enfrentamiento», se encuentran las regiones mediterráneas y Andalucía por un lado, y las locomotoras de España –Madrid y Cataluña– por el otro. Mientras, País Vasco y Navarra contemplan la batalla desde la atalaya foral. Los expertos, más que posicionarse por uno de los tres bandos, insisten en que la fórmula actual está obsoleta, poco transparente y se traduce en un reparto desequilibrado.