Varios miles de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid para exigir mejoras laborales para policías y guardias civiles, que se reconozca su labor como profesión de riesgo, se mejoren sus condiciones de jubilación y se consiga la plena equiparación con las policías autonómicas y locales.
La Delegación del Gobierno ha cifrado los asistentes en unas 12.000 personas, cifra que las organizaciones convocantes ha elevado hasta las 40.000. La marcha ha transcurrido entre la Plaza de España y el Congreso de los Diputados y durante la misma se han escuchado consignas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidiendo su dimisión.
A la protesta, organizada por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, se ha sumado el portavoz de Vox en el concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, y también habían anunciado su presencia representantes del PP.
La plataforma surgió en enero de 2023 y aglutina a una docena de organizaciones de la Policía y la Guardia Civil. Recogen la estela del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, ya que una de sus reivindicaciones es activar la cláusula octava para aprobar una ley que impida futuras divergencias salariales entre cuerpos policiales.
La plataforma está integrada por SUP y AUGC, así como por las organizaciones representativas entre los mandos de Policía y Guardia Civil, como es el caso del SPP o de la Unión de Oficiales, entre otras. Jupol y Jucil también han respaldado la protesta, aunque no forman parte de la plataforma.
El portavoz de la Confederación Española de Policía, Raúl Domingo, ha recalcado que es fundamental que el trabajo de los agentes sea considerado como "profesión de riesgo" porque así podrán adelantar cinco año su jubilación sin merma económica, como ya pueden hacer, según ha dicho, los miembros de la policías autonómicas y locales y otros colectivos como los bomberos.
Policías y ley de amnistía
Desde Jupol, su portavoz nacional Ibón Domínguez, ha denunciado que no se "fían" de la promesa de Marlaska de que atenderá sus reivindicaciones. "En enero ya nos engañó cuando nos dijo que la Ley de Amnistía ampararía a los policías y guardias civiles y nuestros servicios jurídicos nos dicen que se van a quedar fuera", ha apuntado.
"Marlaska no cumple lo que dice", ha criticado en la misma línea Juan Fernández, de la plataforma de Policías y Guardias Civiles, quien ha dejado claro que los agentes no van "a parar" hasta que atiendan sus demandas. "El ministro no puede seguir escondido en el ministerio", ha apostillado.
También el presidente del Sindicato Profesional de Policía, Adolfo Medina, ha acusado al Gobierno de "ningunear" a los policías y guardias civiles por haber "judicializado" el acuerdo para la equiparación salarial suscrito en 2018.
De su lado, Ortega Smith ha acusado al Gobierno de haber "abandonado" a los guardias civiles y ha puesto como ejemplo el asesinato de los dos agentes que murieron en febrero en Barbate (Cádiz) al ser embestidos por una narcolancha.
Cálculos para la jubilación
El pasado 28 de febrero, la Comisión de Interior del Congreso instó al Gobierno mediante una iniciativa del PP a incluir a policías y guardias civiles en las profesión de riesgo, lo que repercutiría en mejoras en el cálculo de su jubilación anticipada.
Entonces, el PSOE recordó que el Ministerio del Interior ya ha creado un grupo de trabajo para estudiar su inclusión entre las profesiones de riesgo, como ocurre con policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.
En el debate en el Congreso se recordó que la profesión de riesgo afecta únicamente al índice de cálculo para la jubilación anticipada, ya que la ley ya les reconoce el "factor de penosidad y peligrosidad en complementos específicos" o en la regulación de la segunda actividad o reserva activa.