Cuando en la última reunión de Alberto Núñez Feijóo con el presidente del Gobierno propuso la insólita mediación de la Comisión Europea para desencallar la renovación del Consejo General del Poder y Pedro Sánchez aceptó inmediatamente, el presidente del PP y la dirección de su partido debieron comenzar a maliciarse que quizá no había sido una buena idea, que habían tenido una mala apreciación de lo que podían hacer desde Europa para presionar al Ejecutivo a aceptar su propuesta de que al tiempo que se renovaban los vocales por el procedimiento constitucional actual se cambiara el modelo para que fueran los jueces los que nombraran a la mayoría de los jueces, lo que les garantizaría que el órgano de gobierno de la judicatura estuviera siempre gobernado por una mayoría conservadora.

Fue un error de apreciación por cuanto desde el PP se consideraba que al llevar su propuesta a la Comisión Europea, el encargado de la mediación, como así fue, sería el comisario de Justicia de la  Comisión Europea, el liberal Didier Reynders, que estaba al tanto del expediente español y consideraban  que estaba a favor de sus tesis, a pesar que en sus variadas visitas a nuestro país siempre había afirmado lo mismo aunque el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, no se había querido dar por enterado de que siempre había afirmado que primero era preciso renovar el CGPJ y luego, a continuación, y no de forma simultánea, proceder al cambio de modelo, de tal forma que validaba la posición del Gobierno frente a la del PP.

Didier Reynders se dio dos meses de plazo para culminar su mediación antes de abandonar su puesto, tanto por la convocatoria de las elecciones europeas y por ser candidato para presidir el Consejo de Europa, pero desde la primera reunión se vio que el PP buscaba salir del atolladero en el que se había metido solo. Tres reuniones se sucedieron en Bruselas y Estrasburgo, entre Didiers, González Pons y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin que se produjeran avances, y la cuarta prevista para este miércoles en Madrid ha sido aplazada por "problemas de agenda" del PP, que es tanto como dar una espantada que viene precedida de una nueva excusa de los populares para no renovar un órgano constitucional que lleva cinco años con el mandato caducado, la de la proximidad de la aprobación de la ley de amnistía a pesar de que cuando comenzó la mediación europea ya estaba en marcha la negociación de la ley.

La celebración de tres procesos electorales en nuestro país en el plazo de dos meses no es el mejor escenario para que se alcance el acuerdo sobre un asunto en el que las dos partes tienen líneas rojas que no desean traspasar, el PP porque después de cinco años de bloqueo no quiere mostrar a las claras que ha sido el responsable de esa situación, y porque en último extremo considera que mantener el control sobre el CGPJ es el último valladar para impedir la ocupación de otro órgano constitucional por el Gobierno, como ha hecho con la Fiscalía General y el Consejo de Estado. Pero contra esta apreciación juega el hecho de que el PP también ha realizado la misma ocupación de puestos clave con personas muy afines y nada independientes cuando ha gobernado y ahora donde tiene el poder autonómico. La elección de los últimos magistrados del Tribunal Constitucional de su cuota da cuenta de ello. El Gobierno, por su parte considera que le asiste la razón y que la renovación se ha de hacer por el procedimiento actual.

Ante la persistencia del bloqueo la siguiente parada será a partir del verano. El actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte señaló que esta era la última oportunidad para renovar el CGPJ y que si no se lograba él dimitiría el próximo mes de julio. Entre tanto los principales órganos jurisdiccionales españoles se van vaciando por la jubilación o muerte de magistrados, con el consiguiente perjuicio para la administración de justicia y la carrera profesional de muchos jueces. Sin elecciones mediante y con un nuevo mediador europeo quizá pueda avanzarse en la renovación del CGPJ. Pero nada lo garantiza mientras el PP no acepte la evidencia: primero renovar y luego cambiar.