La Junta de Castilla y León solicitó hoy el "máximo respeto" por parte de los ganaderos y de las organizaciones profesionales agrarias (Opas) al trabajo realizado por los trabajadores de la administración autonómica como los celadores de medio ambiente y veterinarios tras el incidente ocurrido el pasado jueves cuando este personal realizó una inspección y peritaje por presunto ataque de lobo a un ternero muerto, en el término municipal de Hoyos del Espino, en Ávila.

Un comunicado de la Junta recordó que la orden que regula los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas en Castilla y León establece que, con objeto de que puedan comprobarse los hechos y el cumplimiento de los requisitos, los propietarios del ganado afectado deberán ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia en donde ocurrió el ataque en un plazo máximo de 48 horas desde que se produjo el siniestro, no pudiendo ser trasladados los animales muertos del lugar del ataque ni manipulados, salvo circunstancias excepcionales, para no obstaculizar la labor investigadora del personal de la Consejería que se desplace al lugar de los hechos, tomando las medidas pertinentes con el fin de evitar la alteración del escenario del ataque.

La Junta aseguró en la nota, recogida por la Agencia Ical, que el celador se desplazó al lugar para la realización del informe de daños por un celador de medio ambiente "bajo condiciones de presión e intentos de condicionamiento" por parte del reclamante, ante la posibilidad de que el resultado del peritaje no fuese positivo por muerte debido a un ataque de lobo.

La nota de la Consejería de Medio Ambiente añadió que, ante la consideración final por parte del celador de que el ternero no presentaba indicios de muerte por ataque de lobo, el reclamante mostró su disconformidad y se le informó de la posibilidad de pedir otra valoración, de acuerdo con la normativa.

Por dicho motivo, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila se le ofreció la posibilidad de realizar un segundo peritaje a cargo de los servicios veterinarios que la Junta para los casos en que existieran discrepancias entre el informe de daños elaborado por el agente medioambiental o celador de medio ambiente y el ganadero. 

En este sentido, el día siguiente, una veterinaria experta en la realización de peritajes de daños de lobo, acompañada por el propio celador de medio ambiente, se personaron en el paraje para realizar el segundo peritaje al ternero siniestrado, concluyendo el mismo resultado que el celador actuante el día anterior.

Respecto del resultado de la inspección, tanto el celador de medio ambiente como el veterinario concluyeron que no existían ni en la piel ni en los huesos indicios de mordedura de lobo, sin hematomas ni hemorragias, ni signos de lucha en el paraje donde apareció el animal; en cambio, sí se observaba consumo post-mortem de zorro y buitres.

Finalizada la segunda inspección, tanto el celador de medio ambiente como la veterinaria designada para realizar esta segunda evaluación, procedieron a informar en persona al reclamante, quien continuó con su "actitud desconsiderada" hacia el personal de la Junta.

El comunicado asegura que la administración autonómica "siempre" se ha mostrado el apoyo y solidaridad con los ganaderos siendo muy conscientes de la dificultad que entraña tener una explotación de ganadería extensiva en provincias como la de Ávila, donde los daños son muy elevados. Por ello se revisaron los baremos para indemnizar con una mayor cuantía los daños y se está trabajando en un ambicioso plan de medidas preventivas, así como intentando modificar la actual normativa del Gobierno de España y que impide los controles poblacionales aún en situaciones de elevados daños.

Pero, ante hechos como éste, la Junta muestra su "total apoyo" a su personal, tanto a los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y los equipos técnicos que trabajan en el seguimiento de la especie e instrucción de los expedientes de daños. ""s necesario una llamada a la prudencia y la cordura, entendiendo la tensión y enfado del momento, para facilitar el trabajo de los profesionales y colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido", concluyó.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Ávila denunció esta semana que el ganadero se vio sorprendido por la actitud del celador medioambiental de la Consejería que acudió al lugar de los hechos. A pesar de las evidentes pruebas, como los excrementos de los lobos encontrados junto al ternero muerto, el funcionario se negó a reconocer la autoría de los lobos en el ataque.

La organización añadió que la situación empeoró cuando el celador, acompañado por una veterinaria, realizó una segunda inspección en la propiedad del ganadero sin su consentimiento previo. No en vano, consideró esta acción una clara violación de la ley al introducirse en una propiedad privada sin autorización, y sin siquiera informar al propietario.

UPA, "preocupante" complicidad

A juicio de UPA, estos incidentes evidencian una "preocupante" complicidad por parte de algunos funcionarios con la situación de los lobos en la zona. "Es un comportamiento lamentable por parte de ciertos funcionarios, que en lugar de cumplir con su deber de proteger los intereses de los ciudadanos y el medio ambiente, actúan con terquedad y arrogancia, ignorando las evidencias y dejando a los ganaderos en una situación de absoluta indefensión", denunció.