El Toro Jubilo, una vez más, en entredicho

S.Ledesma
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La sentencia de lo Contencioso-Administrativo que cuestiona lalegalidad del festejo no es firme y aún debe pronunciarse el TSJCyL,así que el Ayuntamiento prevé el festejo y PACMA una manifestación

Imagen de archivo

La celebración del Toro Jubilo de Medinaceli cada mediados de noviembre llega marcada por una controversia, principalmente por cuestiones de bienestar animal. Este año lo hace con una decisión judicial, aún sin sentencia firme pero que abre la puerta a su desaparición por considerar «ilegal» la ordenanza municipal que regula el festejo. Es, nada más y  nada menos, que la ratio decidendi de la sentencia, que emana de un recurso interpuesto por el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) en noviembre de 2023 contra el Consistorio de Medinaceli y la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de la villa tiene previsto «continuar celebrando nuestras tradiciones», a pesar de que al haber incurrido en una ilegalidad, el rito, declarado en 2002 por la Junta como Espectáculo Taurino Tradicional de Interés Turístico Regional, habría perdido su cariz tradicional.  

El alcalde ocetilano, Gregorio Miguel, aseguró que esta semana el Consistorio interpondría un recurso a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria con la intención de mantener la celebración, pues «la gente con arraigo no quiere que le quiten sus tradiciones». En cualquier caso, indicó, «las decisiones judiciales deben respetarse y las leyes han cambiado mucho, así que si finalmente se decide que no se haga tendremos que acatarlo, pero entiendo que mientras no haya una sentencia firme podremos celebrar el Toro Jubilo» el próximo mes de noviembre.  

La palabra la tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, que tendrá que emitir resolución por la sala de lo Contencioso-Administrativo. «Se abre la vía para buscar que se suspenda definitivamente», indicaron a este periódico desde PACMA. De hecho, puntualizaron, «es el último y controvertido toro de fuego que, hasta ahora, se celebraba en Castilla y León». En cualquier caso, la formación política animalista y medioambiental tiene previsto movilizarse, como es habitual desde hace uno años, durante la celebración del próximo Toro Jubilo, siempre y cuando no haya una sentencia firme que la evite. 

Cabe recordar que, al hilo de la estimación parcial el recurso de PACMA, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado una denuncia formal ante la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, por esta celebración. Consideran que al no contar con la denominación de tradicional «sería jurídicamente muy dudoso que se pudiera someter al animal a las traumáticas 'especialidades', inherentes a este espectáculo, a las que fue sometido». 

argumentos. Desde PACMA recordaron que a lo largo del documento, «de 36 páginas de extensión, el magistrado enumera (y secunda)» varios de los argumentos ofrecidos por el partido animalista para demostrar que la ordenanza municipal que regula este festejo, original de 1999, fue modificada en el año 2000 y nuevamente en 2015 sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, «por lo que el festejo habría perdido su carácter 'tradicional'». 

Asimismo, se mencionó que la sentencia «también hace referencia al Código Civil, en concreto en su artículo 333 bis, que recoge todo un cambio de paradigma sobre la consideración de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, superando el valladar que durante siglos han tenido como consideración de meros bienes muebles».

Para este magistrado, la ordenanza municipal que, «hasta la fecha, ha pretendido respaldar la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli, contraviene este artículo, ya que 'todos los derechos y facultades sobre los animales han de ejercitarse atendiendo al bienestar y la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una muerte cruel o innecesaria' a todos, y no únicamente a los de compañía, tal y como intentó argumentar la Junta de Castilla y León en su defensa».