La Junta de Castilla y León ha puesto en la "diana" de su plan anual de inspecciones al transporte a las empresas 'buzón', aquellas que no tienen actividad en su país, sino en otro estado miembro, porque su actividad "interfiere" y "desdibuja" el mercado, ya que suponen un "canal de fraude". También se centra en seguir de cerca a las más infractoras porque en conjunto suponen un riesgo para la seguridad vial y generan formas de competencia desleal.
Así lo aseguró hoy el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, minutos antes de participar en Valladolid e la inauguración de la jornada 'Coordinación y especialización en materia de Inspección de Transportes', organizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León.
En ese sentido, Sanz Merino insistió en que las empresas 'buzón' son compañías "ficticias" que tratan de "copar" títulos y autorizaciones del transporte, lo que genera "inseguridad jurídica" para el resto de firmas del sector, porque ven cómo tienen que cumplir con las normas y los costes que todo ello supone, sin que otros competidores lo hagan. "Nos tienen muy preocupados", dijo el titular de Movilidad, quien insistió en que son objetivo del plan anual de inspecciones al transporte, que desarrolla la Junta en colaboración con la Guardia Civil y otras estructuras de la Administración del Estado.
Asimismo, el consejero apuntó que también se centran en las empresas "más infractoras" porque en definitiva apuestan por garantizar el cumplimiento de la ley, con el fin de que no haya situaciones que entrañen riesgo desde el punto de vista de la seguridad vial, pero tampoco que generen competencia desleal, a través de compañías que ahorran costes al no cumplir con sus obligaciones legales. Se trata, reconoció, de una tarea "compleja" ya que pretende que estén "claras" las "reglas de juego" para todos los actores del sector.
De esta forma, Sanz Merino subrayó la colaboración de la Junta con la Guardia Civil y subrayó la inversión de 500.000 euros, a través de los fondos europeos Next Generation, para adquirir básculas móviles y material informático que permita digitalizar la actividad inspectora que ejecutan en carretera los agentes del instituto armado, en cooperación con los profesionales de la Comunidad.
También participó en la jornada el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien señaló que el encuentro era una "fuente de formación continua" puesto que en este ámbito -recordó- confluyen el marco jurídico europeo, estatal y de la Comunidad, ya que es la Junta quien ejecuta las inspecciones. De los 1.300 agentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de Castilla y León, un grupo de 70 participa en estas acciones, en las que agradeció la compra de material especializado por parte de la Comunidad.
Finalmente, el teniente coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León, Francisco González Iturralde, explicó que de las 18.000 infracciones denunciadas en 2023, la mayoría tenía que ver con el régimen de descansos y también con el exceso de carga de los vehículos, ambas relacionadas -dijo- con la seguridad vial. También, acudió a la jornada la jefa provincial de Tráfico de Valladolid y coordinadora autonómica de la Dirección General de Tráfico en Castilla y León, Inmaculada Matías.