La Junta intentará que la Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de Castilla y León tenga trascendencia internacional, según afirmó hoy en Burgos el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, a preguntas de los periodistas tras la aprobación el pasado miércoles en las Cortes de la iniciativa de UPL con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP.
El consejero de la Presidencia, quien firmó en el Palacio de la Diputación provincial de Burgos los convenios de adhesión al Plan de Expansión Rural del 012 con más de 50 alcaldes de municipios de esta provincia, sostuvo que "la voluntad es seguir adelante" con la Fundación y con las acciones programadas para conmemorar en 2030 el 800 aniversario de la unión de los reinos de León y Castilla.
En este sentido, González Gago insistió en que "no es intención que el Gobierno autonómico suprima la Fundación" en cuanto a que entienden, dijo, "que es un objetivo muy importante que va a tener trascendencia nacional e, incluso, vamos a intentar que tenga trascendencia internacional". Por ello, indicó que "la voluntad es seguir adelante con la Fundación y con las acciones que hicimos programando con tiempo en ese sentido para conmemorar en 2030 la unión de los reinos de León y de Castilla".
Asimismo, defendió que el objetivo principal de la Fundación es "a medio largo plazo" y manifestó que "estamos hablando de conmemorar el 800 aniversario de la unión de los reinos de León y de Castilla en 2030". Por lo tanto, insistió, "tiempo tiene la fundación". "Lógicamente nace, tiene que dotarse de los estatutos y órganos internos de funcionamiento, tiene que ir programando las actividades y yo entiendo que es un instrumento muy válido para el fin por el que se actúa", apostilló.
El consejero de la Presidencia también explicó que las Cortes realizan dos tipos de actividades: "unas completamente vinculantes no solo para las administraciones sino también para los ciudadanos, aprobar normas con fuerza de ley, las leyes y los decretos leyes y son de obligatorio cumplimiento para todo el mundo".
Y añadió que las Cortes también tienen "una actividad de control de impulso de la acción del gobierno" y precisó que "en esa segunda faceta aprobarán mociones o proposiciones no de ley, en los cuales los representantes de los ciudadanos de Castilla y León promueven o le dicen al Gobierno cosas que consideran ellos".
Así, apuntó que "esta segunda vertiente por su propia naturaleza y característica no es de obligatorio cumplimiento", pero matizó que en la PNL relativa a la Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de Castilla y León "se llegó a una situación que resulta curiosa" porque "se aprobaron el punto uno y el punto tercero".
Con ello, González Gago relató que "el punto uno decía que se instaba al Gobierno regional a suprimir esa Fundación y el punto tercero instaba a la Junta de Castilla y León a promover acciones de divulgación de estas medidas que queremos conmemorar en cooperación y colaboración también con el resto de comunidades autónomas que antiguamente constituían los reinos de León y de Castilla".
"Es decir, que tenemos dos mandatos en el Gobierno regional, dos propuestas por parte de las Cortes: una de que se suprima, pero a continuación que promovamos acciones desde la Fundación en colaboración con el resto de comunidades autónomas que entonces formaban parte del reino de León o del reino de Castilla", concluyó.