El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reclamó hoy a la Junta agilizar la tramitación de los más de mil permisos competencia de la Comunidad que las operadoras de telecomunicaciones reclaman para continuar con la extensión de la banda ancha. No en vano, según la información que, de forma periódica, trasladan las operadoras a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a 27 de marzo había 1.073 permisos pendientes, de los que 853, es decir, casi un 80 por ciento, acumulan un retraso de más de 120 días.
Sen recordó que el programa Único–Banda Ancha, financiado a través del Plan de Recuperación, ya ha supuesto una inversión para la Comunidad de más de 99,4 millones de euros para el despliegue de la banda ancha en más de 2.600 municipios de áreas despobladas y donde el acceso era "muy complicado" y "poco atractivo" para el sector privado.
"El objetivo del Gobierno de España es poner fin a la brecha digital, se viva donde se viva, y a día de hoy podemos decir que este objetivo se ha conseguido, pues el cien por cien de la población castellana y leonesa ya puede conectarse a la banda ancha por fibra o por satélite", explicó el delegado. Además, recordó que en los lugares donde aún no ha llegado la fibra el Ejecutivo garantiza la conectividad vía satélite a través del programa Conéctate35, al que pueden adherirse todos los municipios por 35 euros al mes con 100 megas de conexión ultrarrápida. Estas denominadas 'zonas blancas' a las que aún no ha llegado la fibra quedarán, además, recogidas en la última convocatoria del Programa Único, prevista para 2025.
Una vez que se completen las tres convocatorias del Programa Único que se están desarrollando actualmente (2021, 2022 y 2023) la labor que el Gobierno empezó a desarrollar en 2018 con otras tres convocatorias ya culminadas habrá llegado en Castilla y León a una población estimada de más de un millón de hogares y empresas.
Ante estos datos, Nicanor Sen invitó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a trabajar más por la implantación de la banda ancha y reclamar menos al Gobierno central. No en vano, le advirtió que el retraso en la aprobación de los expedientes puede suponer la pérdida del proyecto al no ejecutarse a tiempo.