La Fiscalía colombiana acusó ante una jueza este viernes a Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que el expresidente colombiano se convierte formalmente en acusado en el caso de presunto soborno de testigos y fraude procesal.

Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe (2002-2010), que fueron aceptados por la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que "a partir de este momento (el expresidente) adquiere la condición de acusado".

De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Uribe se inicia de manera formal y de ser hallado culpable el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.

La acusación se produce después de que la togada denegara la petición de nulidad del proceso contra el expresidente al considerarla "absolutamente improcedente", por lo que "se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno".

Igualmente, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso.

Estas dos decisiones fueron aplaudidas por el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien aseguró que "son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad que las víctimas tengan acceso a la justicia y ahí defiendan y reclamen sus derechos".

Delitos imputados

El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe como "determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal" porque por "provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falta a la verdad total o parcialmente".

Igualmente lo acusó por "concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal", es decir porque "por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley".

También como "determinador del delito de soborno" porque entregó o prometió "dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio".

Caso que arrancó en 2012

La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.

Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.

El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.

Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, el fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.