A falta de once días para que venza el plazo que tiene el Gobierno para presentar ante Bruselas el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Greenpeace denunció hoy que la "falta de ambición climática" de las comunidades sitúa a España a la cola de la reducción de emisiones en la Unión Europea. En ese sentido, aseguran que solo dos autonomías (Asturias y Navarra) tienen un objetivo de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París, mientras que en el lado opuesto, Castilla y León es la única que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones, y La Rioja y Extremadura contemplan que sus emisiones en 2030 sean todavía mayores que las de 1990.

Para el responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla, "es responsabilidad de todas las Administraciones y no solo del Ministerio de Transición Ecológica aumentar la ambición climática: desde las comunidades autónomas a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura y Pesca". "Estamos en una verdadera emergencia climática y se siguen presentando planes como si esto fuera un problema secundario", censura en un comunicado difundido por Ical.

El informe revela que de las 17 comunidades autónomas, 15 no alcanzan la ambición climática necesaria (reducción de emisiones del -55 por ciento con respecto a 1990, para evitar un calentamiento mayor al 1,5ºC). De hecho, la mayoría de ellas (10) tienen un objetivo menos ambicioso que la propuesta actual del Gobierno central (-32 por ciento). En ese sentido, consideran "especialmente sangrantes" el caso de Castilla y León y los de La Rioja y Extremadura, que pretenden que sus emisiones en 2030 todavía sean mayores a las de 1990 (+46 +53 por ciento, respectivamente).

Solo Asturias y Navarra cumplen con la meta del Acuerdo de París, ya que se han fijado como objetivo reducir sus emisiones un 55 por ciento en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, en el caso de Navarra las organizaciones sociales han denunciado recientemente la falta de implementación.

Además, tres de las cuatro comunidades con mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, Andalucía, Cataluña y Madrid, cuentan con objetivos menos ambiciosos que los fijados por el Gobierno central, por lo que tienen una gran responsabilidad con su ciudadanía para mejorar su planificación y acción climática.

En su informe, Greenpeace propone seis nuevas medidas que permitirían aumentar el objetivo de reducción de emisiones: abono único de transporte para todo el territorio, establecer un calendario de cierre de las centrales de ciclo combinado de gas, declaración de interés público de las comunidades energéticas renovables promovidas por los ayuntamientos , concesión de ayudas a las explotaciones ganaderas más contaminantes para la reducción de la densidad de animales o cese voluntario de la actividad, creación de un monedero virtual para costear la rehabilitación energética de edificios residenciales y establecer un impuesto verde sobre el combustible fósil tanto refinado como almacenado.

Además de estas medidas, Greenpeace recalca la necesidad de cambios socioeconómicos de calado que nos permitan avanzar a nuevos modelos de producción y consumo que estén dentro de los límites planetarios y que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas de manera justa.