Fuera de los focos y entre el ultimátum para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la puesta en marcha del reloj que activa la repetición de las elecciones autonómicas catalanas, se ha iniciado un nuevo periodo de negociaciones a varias bandas en las que se va a decidir la presidencia catalana para Salvador Illa y la estabilidad y continuidad de la legislatura.
Corre el tiempo y se acerca el momento en el que cumple el tiempo dado al PP por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se lleve a cabo la renovación del CGPJ, o el Gobierno y sus socios adoptarán alguna medida de carácter unilateral para cerrar esta crisis. Sin duda, el ultimátum, junto con la terminación del continuo proceso electoral vivido este año al menos hasta octubre, ha llevado al PP a adoptar una posición más favorable al acuerdo porque la situación de la judicatura es insostenible y así se los dicen hasta los jueces que esperan que se ponga fin a una situación que afecta a sus carreras profesionales, y porque en el seno del PP ya hay quien considera que no se puede estirar más la situación de anormalidad en la que vive el CGPJ, que además jugará en su contra cuando accedan al gobierno.
Si el problema para el PP es el chantaje del ultimátum, es factible que el PSOE amplíe el plazo si tiene el convencimiento de que el compromiso del PP es real y se hace preciso esperar la mediación de la Unión Europea. También existe negociación subterránea sobre el CGPJ en el seno del PP porque quienes impidieron que el acuerdo se cerrase en 2022, la derecha judicial, mediática y Ayuso, vuelven a oponerse a él. Pero en esta ocasión, como en otras ocasiones se ha creado un paquete para negociar los nombramientos en distintas instituciones y al PP le interesa no quedarse fuera del consenso para esos nombramientos que afectan al Banco de España, RTVE, el TC y a organismo de competencia y control de la economía.
Un río negociador aún más profundo es el que recorre la política catalana. El PSOE mantiene las negociaciones con Junts en Suiza, según El Confidencial, para valorar lo previsible, que la aplicación de la ley de amnistía no iba a ser un paseo militar, y que existen recelos sobre la negociación que mantienen el Gobierno y el PSC con ERC para convencerlos de que apoyen la investidura de Illa y lograr un acuerdo sobre lo que significa una financiación singular. Además, ERC vive un proceso interno en el que tiene que decidir si apuesta por la repetición electoral, y en este caso si negocian con Junts para presentar una lista única que les permita recupera la mayoría social y política. Aquí el ultimátum es el 26 de agosto fecha tope para que haya una investidura o nuevas elecciones. O traidores o actor secundario respecto a Carles Puigdemont, ese es su dilema.
En la izquierda a la izquierda del PSOE la situación es también de proceso negociador continuo, en el que Podemos se encuentra a la expectativa y con su proyecto de autonomía fortalecido. Sumar, sin embargo, ha iniciado el proceso de reflexión sobre su futuro orgánico con los partidos troncales dispuestos a hacerse valer y con la vista puesta en un reagrupamiento, ahora que el ejemplo francés y su frente popular ha demostrado que la unidad es posible si los riegos políticos así lo aconsejan.