Lo que les demos hoy a los menores es lo que darán ellos a la sociedad mañana. Por eso, la educación debería ser la prioridad de cualquier gobernante por encima de la economía o de cualquier otra. Una educación libre, de calidad, exigente, en absoluto sectaria, que promueva la igualdad, también la de oportunidades.
Un proyecto de consenso no sólo entre los políticos sino con la sociedad civil, con las familias, con los profesores. Es la escuela la que tendría que liderar el cambio en la sociedad, pero no puede. En la educación estamos pagando las decisiones educativas tomadas hace cuarenta años, reforzadas, no para bien, con cada reforma que se ha venido produciendo cada poco tiempo, ocho en cuatro décadas, y sin consenso alguno. Los profesores lo han sufrido tanto como los alumnos. Sin una educación estable y de calidad no hay futuro.
Se está produciendo ahora, casi por primera vez, un cierto consenso en la necesidad de abordar el problema del acceso de los menores a la pornografía. Hay datos escalofriantes. Uno de cada diez menores ve porno violento antes de los 13 años y cada vez necesita videos más duros para que la dopamina, la hormona de la satisfacción, encuentre premio.
Uno de cada diez delitos sexuales los comete un adolescente. Las agresiones sexuales han aumentado un 116 por ciento en el último año y la mitad de las víctimas de los 19.013 delitos sexuales cometidos en 2022 fueron menores. Podemos seguir y no terminaríamos. La familia y los colegios, de común acuerdo, deberían ser los referentes de la educación de los menores. Pero es Internet la escuela donde muchos aprenden, antes de estar preparados para ello y sin control alguno, algunas cosas buenas, pero otras muchas perniciosas para su formación. Dicen los expertos que el cerebro no termina su desarrollo hasta los 25 años, por lo que es preciso proteger a los menores del acceso sin control a determinados contenidos.
Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto un acuerdo de país para la protección de los menores en Internet y el Gobierno lo ha tomado como prioridad, lo cual no sé si me satisface o me preocupa más, porque si no se hace con el mayor consenso, sin sectarismos, y con la participación real de padres, educadores y de los profesionales jurídicos, médicos (psiquiatras y psicólogos) y tecnológicos, será un fracaso.
Se trata de aprobar una nueva ley de protección integral de la infancia en internet; una estrategia multidisciplinar, desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales; y de poner en marcha dispositivos que impidan el acceso real de los menores a los contenidos pornográficos. En esto último trabaja la AEPD y parece que cuenta con una aplicación que podría permitirlo. Sólo un matiz: se necesita el consenso con las empresas que producen esos contenidos para que incluyan esa barrera, lo cual no es tan fácil porque el negocio de la pornografía y de los datos no sólo genera grandes beneficios, sino también un control de las masas. Una de esas empresas ha sido multada con más de medio millón de euros, pero no ha rectificado sus prácticas.
Y hay algo más. Está también viva la polémica del uso de los móviles en los centros educativos. A ningún padre se le ocurre dar un chupito de alcohol a un niño de 8 o 10 años, pero pone en sus manos a los dos años un móvil para que deje de dar la lata y cuando cumple los 10 o los 12 le compra uno con barra libre de acceso a lo que quiera, donde quiera y como quiera. Todo esto no es una cuestión de ideologías, de partidos o de colores. Es una cuestión de Estado y, sobre todo, de cada uno de nosotros, de toda la sociedad civil, de tomarnos en serio el interés superior del menor.