Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez en la causa en la que está siendo investigada, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por recomendación de su abogado defensor que insiste en que el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado no les ha comunicado aún los motivos que han llevado a su imputación.

La decisión de Begoña Gómez no hace sino alargar un procedimiento el que las acusaciones particulares y el propio juez deben materializar los indicios y presentar las pruebas de los delitos de los que se acusa, y aun así, la esposa de Pedro Sánchez seguirá al amparo del derecho a la presunción de inocencia y a no declarar en su contra, además de que como en todo proceso penal, la carga de la prueba corresponde a las partes que acusan, que en este caso no incluye a la fiscalía, y por tanto deben demostrar su presunta culpabilidad, algo que por el momento no han logrado.

Sin duda, todo el caso en el que está inmersa Begoña Gómez es deliberadamente muy confuso, pero no se puede exigir a un investigado que facilite su inculpación cuando además existe una no menor intencionalidad política en todo el asunto en el que se mezclan hechos con conjeturas, titulares de prensa que olvidan detalles esenciales y proyectan la imagen e culpabilidad, actuaciones taimadas, informes policiales exculpatorios que no son tenidos en consideración, escritos que no se comunican en tiempo y forma que afectan al derecho de defensa, y equívocos sobre el registro de un software de la Universidad Complutense de Madrid a nombre de Begoña Gómez -¿lo está o no lo está?-, y sobre si la UCM conocía o no los pasos que daba, que ella afirma que se los comunicaba previamente. En definitiva, se mezclan las cuestiones éticas, estéticas y judiciales de las que se derivan unas actuaciones políticas que centran la labor de oposición del PP, mientras se extiende un manto de sospechas, y el uso del derecho a no declarar se entiende como una presunción de culpabilidad.

Lo que comenzó con las 'conjeturas', según la Audiencia Provincial d Madrid, sobre el rescate de Air Europa, varió el rumbo hacia las recomendaciones al empresario Carlos Barrabés, vinculados por la cátedra universitaria  de Begoña Gómez, que recibió subvenciones del Gobierno, asunto que reclamó la Fiscalía Europea por si había dinero de los fondos europeos por medio, y ahora a las relaciones de la esposa de Sánchez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha remitido un escrito al juez que se puede tomar de la forma que más interese a quienes defienden a ultranza a la esposa del presidente el Gobierno como por aquellos que la atacan con denuedo. Donde la UCM reconoce que no puede saber si ha sufrido perjuicios por la actividad de su cátedra, otros afirman que existen indicios de apropiación indebida que no puede probar, y que no ha habido colaboración por parte de Begoña Gómez, a pesar de que un día después de la presentación del escrito ante el juez hubo una reunión en la que iba a aportar la memoria económica de la cátedra y ni la recogieron ni le informaron de que habían elevado sus dudas al juzgado.

La pelota vuelve a estar en el tejado de las acusaciones particulares y del juez Peinado y su atrabiliaria instrucción del asunto, que debe concretar qué investiga y analizar la carga de la prueba.