Malos tiempos para quienes nos tomamos en serio los dogmas civiles de la independencia judicial y la separación de poderes. Estamos desbordados tanto por las bárbaras acusaciones a los jueces y magistrados que cuestionan la aplicación automática de la ley de amnistía como por los procesos de intención que convierten al juez Peinado (caso Begoña) en una especie de terminal política de la derecha y la ultraderecha (es lo mismo en el ánimo de los que formulan esas acusaciones).
El problema adquiere dimensiones institucionales si los señalamientos al poder judicial parten del poder ejecutivo. No parece ejemplar ni democrático que una desinhibida portavoz de Moncloa utilice la rueda de prensa posterior al consejo de ministros para referirse al citado juez como instrumento de una operación política.
Más chocante es la arremetida de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, contra el mismo juez que envenena los sueños del presidente del Gobierno porque ha tenido la osadía de investigar a su esposa (la de Sánchez, no la del juez). No se ha cortado un pelo procesando las intenciones de quien, según ella, pretende pasar a la historia como "el juez que entró en la Moncloa para interrogar a un presidente".
Lo curioso es que esta ministra es la misma que veinticuatro horas antes había propuesto con éxito -y con acierto, dicho sea de paso- el cese de la presidenta del Instituto de la Mujer, Isabel García, por haber utilizado su posición pública para redondear su patrimonio privado. Exactamente el mismo supuesto que, al menos desde el punto de vista ético, ha puesto bajo sospecha a la esposa del presidente del Gobierno.
Atención, pregunta: ¿Por qué no se aplica la misma vara de medir en los dos casos, al menos en lo tocante a la solidaridad de la propia familia política? ¿Por qué una se va como una apestada y otra es objeto de un arropamiento masivo de todas las terminales políticas y mediáticas adscritas al poder de Sánchez?
No me resisto a citar la argumentación utilizada por este en su carta al juez Peinado, donde le pedía declarar por escrito en su condición de presidente, no de esposo. Sánchez expresa su voluntad de "colaborar con la Justicia, como no puede ser de otro modo" y apela al "máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal" ("que a todos nos vincula", añade), mientras sus ministros, los dirigentes de su partido y sus medios afines atacan o permiten que se ataque a los jueces del "lawfare" ("fachas con toga", según los nacionalistas catalanes, que actúan como "especie protegida") y a la "enfangada" Prensa insumisa.
¿Qué credibilidad pueden tener las alusiones al marco constitucional y legal cuando él y su gente han interiorizado que tanto el poder judicial como el poder mediático son simples herramientas políticas de "la derecha secuestrada por la ultraderecha"?