La deuda de Castilla y León ascendió a 13.322 millones en 2022, una cifra que representa el 20,8 por cinto del Producto Interior Bruto (PIB) regional y supone un 4,2 por ciento de la cifra del conjunto de las comunidades autónomas, que fue de 316.800 millones de euros, el 23,9 por ciento del PIB y unos niveles récord en términos históricos, según el último observatorio publicado este lunes por BBVA Research.

Con este incremento de deuda, la Comunidad Valenciana (44 por ciento del PIB regional), Castilla-La Mancha y Cataluña (33 por ciento en ambos casos) y Murcia (32 por ciento) concluyeron el año pasado como las cuatro comunidades más endeudadas. Al contrario, las que mostraron una ratio inferior fueron Navarra (14,1), Canarias (13,8), País Vasco (13,7) y Madrid (13,5 por ciento).

Las posiciones cambian cuando se analiza el volumen de la deuda de cada comunidad sobre el total. Cataluña (26,6 por ciento), la Comunidad Valenciana (17,4) y Andalucía (11,9 por ciento) concentraron el 56 por ciento de la deuda autonómica a finales de 2022. De hecho, en el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana, su nivel de deuda triplica el de las menos endeudadas.

El documento señala también que la deuda de Castilla y León es de 5.605,7 euros per cápita, 1.300 euros más que en 2015, con un porcentaje de ingresos corrientes del 128,9 por ciento (muy similar al 129,9 de siete años antes) y una carga financiera del 12,7 por ciento, frente al 18,3 por ciento de 2015 (pago en intereses más amortizaciones), y que según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) no puede superar el 25 por ciento.

Igualmente, el ahorro bruto es del 5,3 por ciento de ingresos corrientes; mientras que el gasto en funcionamiento es del 55,4 por ciento del gasto no financiero. Además, el esfuerzo inversor es de 14,5 puntos, la mayor tasa nacional, y el gasto en capital es del 2,6 por ciento del PIB, también el más alto. Por último, la suma de la deuda en sanidad, educación y servicios sociales supuso el 13,2 por ciento del PIB.

BBVA Research recordó que, hasta 2007, la deuda autonómica permaneció en niveles moderados, con tasas de crecimiento interanual promedio del 7,3 por ciento. Entonces, la deuda de las autonomías apenas ascendía a 61.960 millones de euros, un 5,8 por ciento del PIB. Sin embargo, la crisis financiera que se desató en 2008 disparó la deuda de las comunidades autónomas, cuyo endeudamiento aumentó un ritmo del 20 por ciento anual, hasta alcanzar el 25 por ciento del PIB. Entre 2015 y 2020 la deuda se estabilizó en torno al 24 por ciento del PIB, pero volvió a subir con la llegada de la covid y ahora ha alcanzado máximos históricos.

Los instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para financiarse han evolucionado en función de las condiciones de los mercados. Entre 1995 y 2011, la emisión de valores fue ganando peso. En ese periodo, de media, la emisión de valores representaba un 47 por ciento del total de la financiación, frente al 53 por ciento de los préstamos. No obstante, el cierre de los mercados en 2012, provocado por la crisis financiera, y la entrada en vigor de mecanismos de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), restó peso a estos instrumentos de financiación.

Impacto del FLA

El FLA forma parte de los mecanismos que el Gobierno creó en 2012 para facilitar liquidez a las comunidades autónomas en un momento de cierre de los mercados financieros. En la actualidad, el FLA representa casi el 59 por ciento de la deuda autonómica, frente al 14 por ciento de los valores emitidos en el mercado. A partir de 2020, algunas de las comunidades recurrieron de nuevo a las instituciones financieras para captar financiación y los préstamos ganaron peso hasta representar el 27 por ciento del endeudamiento autonómico.

En cuanto a los costes de financiación, los mecanismos de liquidez redujeron el coste de la deuda autonómica, por lo que las comunidades con mayor nivel de deuda y mayor dependencia del FLA tuvieron un coste de la deuda más que reducido que el de las comunidades que se financian directamente en mercado. Estas regiones sí registraron un mayor tipo implícito de su deuda.

De hecho, de no ser por el FLA, las comunidades habrían tenido que asumir un coste promedio adicional de más de 1 punto porcentual, lo que habría situado su endeudamiento dos puntos porcentuales del PIB por encima del nivel registrado en 2022.

En este sentido, destaca que las comunidades más dependientes del FLA son Cantabria (91,8 por ciento del peso de su deuda), Murcia (85,9), Cataluña (84,6) y la Comunidad Valenciana (83,5). En la otra cara de la moneda, Madrid, País Vasco y Navarra no cuentan con financiación del fondo. En Castilla y León, el peso del FLA supone alrededor del 18 por ciento de la deuda, un 27 en valores y en torno a un dos por ciento de asociaciones público-privadas. La mayor carga procede de los préstamos, un 53 por ciento.