En España, el problema de la vivienda es un desafío crítico que, a pesar de ser un derecho fundamental según nuestra Constitución, sigue sin recibir la atención y regulación que merece. Este problema no solo se traduce en cifras alarmantes de jóvenes que destinan más del 40% de sus ingresos a habitaciones claustrofóbicas sin ventanas, sino que también perpetúa la desigualdad y deshumaniza a nuestra sociedad.
La Constitución Española, en su artículo 47, establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.» Este principio debería ser el faro que guía nuestras políticas de vivienda pero, lamentablemente, su implementación está lejos de ser una realidad tangible. La especulación inmobiliaria y la falta de regulación efectiva han convertido el acceso a una vivienda adecuada en un desafío hercúleo para muchos.
En la posguerra, la sociedad española practicaba el 'coliving' en pensiones modestas, donde compartían recursos y espacios para sobrevivir en tiempos difíciles. Hoy, décadas después, los jóvenes y no tan jóvenes se ven obligados a vivir en condiciones similares, no por elección, sino por necesidad. A día de hoy, para acceder a una vivienda tienes que cumplir más requisitos que para una oposición y hacer frente a un desembolso, puramente lucrativo, de un mes, más dos meses por adelantado más el mes de fianza y el aval del riñón de tu tercer hijo. Esta realidad es una afrenta a la dignidad humana y al progreso individual. ¿Cómo podemos esperar que la juventud prospere y contribuya al desarrollo de la sociedad cuando luchan día a día por un techo?
La vivienda es un derecho humano, al igual que la sanidad y la educación, que han sido garantizados por el Estado a través de sistemas públicos. Sin embargo, la vivienda sigue siendo un terreno donde las fuerzas del mercado operan sin restricciones, beneficiando únicamente a una élite que invierte en propiedades para su propio beneficio financiero, con el respaldo de ciertas clases políticas. Esta falta de regulación y control sólo perpetúa la brecha entre ricos y pobres, dejando a una gran parte de la población en la estacada.
Es fundamental abrazar una visión urgente que considere la vivienda como un derecho inalienable, no como una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Es responsabilidad de nuestras instituciones garantizar que cada ciudadano pueda acceder a una vivienda digna sin sacrificar su calidad de vida como dicta nuestra carta magna, de lo contrario serían anticonstitucionalistas. Esto implica políticas de control de alquileres, promoción de la vivienda pública y medidas eficaces contra la especulación.
La lucha por el derecho a la vivienda no debe ser vista como una cuestión política, sino como una cuestión moral que afecta directamente a la calidad de vida y la dignidad de nuestros conciudadanos. Todos deberíamos unirnos para buscar soluciones, superando las divisiones políticas y trabajando juntos para asegurar un futuro más justo y equitativo para todos. 
La vivienda no es un lujo, es un derecho básico, y es hora de que lo tratemos como tal. Es hora de que la sociedad y sus políticos se comprometan a garantizar que nadie tenga que destinar la mayoría de su salario a vivir en un trastero sin ventanas. Es hora de hacer realidad este derecho fundamental y devolver la dignidad a nuestros ciudadanos.