Ni la magia de las fechas navideñas ni los festejos lúdicos de fin de año han tocado la vena sensible de los gobernantes para que nos dejaran unos días de sosiego.
A punto de finalizar el año han colado de tapadillo nuevas transferencias al País Vasco, y cederán a sus exigencias de retirar a la guardia civil sus competencias en defensa del medio ambiente; cederán también al gobierno de Pradales la gestión de los inmigrantes y sus permisos de residencia y trabajo. Además, el PNV ha recordado al gobierno central que, a cambio de su apoyo a Sánchez, Moncloa había aceptado que la policía autonómica se hiciera cargo de salvamento marítimo y meteorología, no renuncia a lo que ya daba por cedido.
En Cataluña está en cuestión ceder a los mossos la seguridad de puertos y aeropuertos, hasta ahora competencia de la Guardia Civil, pero está en cuestión su posible ilegalidad y los servicios jurídicos tienen en estudio ese asunto; una cuestión que enciende a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ven cómo el gobierno acepta cualquier exigencia de sus socios, sean Sumar, los independentistas catalanes y el PNV. Mientras debilita a ojos vistas a la Guardia Civil, que a este paso se va a quedar exclusivamente como responsable de la seguridad en el ámbito rural, que es donde se realiza el trabajo más duro y menos lucido.
Todo ello sin que el ministro Marlaska mueva un dedo en favor de la guardia civil. Excepto algún gesto muy medido, lo justo para no dar excesivas alas a quienes critican que el respeto que mostraba el ministro a la GC cuando la necesitaba en sus tiempos de lucha contra el terrorismo y era juez muy bien considerado en el PP, ahora sin embargo muestra distancias con ese cuerpo para no irritar a sus compañeros de gobierno y a sus socios. Que son los que empujan para que Moncloa lleve determinados proyectos de ley o decretos ley al Parlamento.
Junts, muy impaciente, no se conforma con lo mucho conseguido a cambio de mantener a Sánchez en Moncloa, y exige también que se concreten algunos de los aspectos negociados y aprobados pero que todavía no se han convertido en textos que llevar al BOE. El cupo -que el gobierno no llama cupo- no les parece suficiente, y quieren también la gestión integral de las fronteras, asunto tan espinoso legalmente como la seguridad de puertos y aeropuertos. La ansiedad de independentistas y nacionalista por asumir competencias que siempre han sido responsabilidad del gobierno central, no tiene límite; como tampoco tiene límite la "generosidad" de Sánchez con los socios que deciden sobre su continuidad en el gobierno.
Poco a poco, tanto de tapadillo -en estos días últimos de años- como a cara descubierta, desde Moncloa se está vendiendo España a cachitos. Cuando nos demos cuenta, decisiones que son competencia exclusiva de los gobiernos en los países democráticos, estarán en manos de dirigentes regionales. Y no precisamente dirigentes que quieran a España.