La última entrega de la Moncloa sobre su plan regenerador de la política nacional carece de credibilidad. Solo se entiende en el imaginario marco de una política libre de códigos éticos. Sobre los modos de conquistar o conservar el poder, Sánchez coincide con Maduro, Trump o Putin, salvando las diferencias de tamaño y de ubicación en la geoestrategia delo mundo mundial.

Lo chocante es que los liberticidas aparezcan travestidos de libertadores. En el caso de Sánchez, para defenderse de jueces y periodistas conjurados, según él, para destruirle políticamente por medios antidemocráticos. De eso va la proposición de ley registrada en el Congreso. De pararles los pies a partidos o asociaciones que abusen de la "acusación popular", a medios de comunicación difusores de bulos, a las leyes protectoras de los sentimientos religiosos y, en fin, a jueces que expresan en público sus ideas políticas y usen recortes de prensa en procedimientos judiciales.

Son retoques de mayor cuantía. Con pocas posibilidades de prosperar en el telar parlamentario, justo cuando los socorristas del Gobierno más airean sus tentaciones escapistas. Eso no impide señalar las aberrantes intenciones de la iniciativa. Por ejemplo, en lo referido a la "acción popular" (artículo 125 de la CE), de la que deriva la "acusación popular" en la administración de justicia. La que se ejerce en nombre de la sociedad cuando se trata de delitos "públicos". Distíngase de la que se ejerce en nombre del Estado, cuyo desempeño se encarga a la Fiscalía (Ministerio Público).

Atención, pregunta:

¿Quién va a sostener seriamente que una acusación en nombre del pueblo soberano (los partidos políticos son vehículos de participación de la sociedad en la vida pública) coincidirá siempre con una acusación en nombre del Estado (el fiscal general es nombrado por el Gobierno), de modo que nada se pierde si suprimimos la primera?

Me parece que nadie. Y menos a la vista de lo que está ocurriendo en relación con el empapelamiento judicial de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno (el que ha nombrado al actual fiscal general, empapelado a su vez en el TS por presunta revelación de secretos).

El hecho de que todas las asociaciones judiciales estén en contra de las reformas propuestas por el PSOE (en realidad, por el Gobierno, pero por una vía que le evita pasar el filtro del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal en su caso) solo es una prueba que refuerza la falta de Credibilidad cosida a esta nueva entrega de la cruzada regeneradora de Sánchez. Parece hecha a la medida exculpatoria de Begoña Gómez, la esposa, y David Sánchez, el hermano.

Si no es así, lo parece. Y basta que lo parezca para que su credibilidad sea tan cuestionable y cuestionada como lo está siendo.