La interparlamentaria socialista convocada por Pedro Sánchez para el día de ayer sirvió para anunciar que hoy el Consejo de Ministros aprobará el plan contra «la máquina del fango», anunciado curiosamente justo después de que se iniciará el caso Begoña Gómez y comenzaran a salir informaciones sobre las dedicaciones y circunstancias profesionales de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en la provincia de Badajoz.

En su discurso a los parlamentarios socialistas, Pedro Sánchez aseguró que va a dejarse «la piel para que la agenda de progreso siga avanzando» y uno de sus instrumentos es el citado plan que pretende combatir «la desinformación, los bulos y la máquina del fango» que, en su opinión, utilizan el PP y Vox para desacreditar la labor llevada a cabo por su Ejecutivo.

El plan no es una idea baladí, ya que desde abril, los ministros Félix Bolaños, de Justicia, y Ernest Urtasun, de Cultura, mantuvieron una ronda de contactos de los distintos grupos parlamentarios para intentar consensuar las medidas a tomar. Hay que tener en cuenta que la aritmética parlamentaria se ha complicado, y mucho, pero el presidente del Gobierno ha prometido a sus parlamentarios «mano izquierda» -una paradoja que utilice términos taurinos, ahora que su ministro Urtasun eliminó el Premio a la Tauromaquia- para intentar sacar adelante las propuestas del Gobierno.

Comienza un curso político marcado por la inestabilidad del Gobierno, pero que su presidente se niega a admitir y sigue adelante con una hoja de ruta que no cuenta con las garantías suficientes para poder continuar. Mucha mano izquierda necesitará el presidente.

Ahora bien, el plan contra «la máquina del fango» parece más propio de regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba o China, que de un país occidental democrático. La lucha contra la desinformación, los bulos y la máquina del fango» tiene un arma fundamental e infalible y es la transparencia. Pero parece que Pedro Sánchez puede ser de todo menos transparente, precisamente. Que un presidente del Gobierno sea citado por un juez y se niegue a declarar pone sobre la mesa el nivel de transparencia que posee personalmente, lo que traslada a la acción de Gobierno que lleva a cabo.

El citado plan parece más una argucia para quitarse de en medio a los medios de comunicación no afines y amedrentar al resto para que el Gobierno campe a sus anchas sin una evaluación de la sociedad a la que debe servir. Seguro que habrá debate sobre las medidas del plan y los ciudadanos deben estar atentos, porque una sociedad sin medios no es una sociedad libre ni informada.