El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, exigió hoy a la parte del PP en el Gobierno autonómico que se oponga "política y jurídicamente" al reparto de menores extranjeros no acompañados, que se debate esta tarde en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para no romper el pacto entre 'populares' y Vox que sustenta el gobierno de la Junta.

En declaraciones recogidas por Ical, García-Gallardo se dirigió directamente al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para pedirle "altura de miras" y recordarle "qué permitió que hubiera un pacto para que hoy tenga su puesto en la Presidencia de la Junta de Castilla y León".

Solicitó asimismo al presidente del Ejecutivo de la Comunidad que "valore muy mucho cuál ha sido el nivel de lealtad y generosidad infinita" de Vox en "muchas cuestiones de gobierno" para que ahora "sea apreciada" y que en materia migratoria vayan ambos partidos "de la mano".

En cuanto a la posibilidad de que esa oposición no se produzca y el PP acepte el reparto de menores migrantes que marque el Gobierno esta tarde, García-Gallardo se mostró dispuesto a dejar su puesto como vicepresidente de la Junta y a romper el pacto, aunque matizó que "no es una decisión que se tome en dos tardes", y puntualizó que "será una decisión que tomemos de manera conjunta y colegiada con el resto del partido a nivel nacional".

Asimismo, afirmó que comparte "totalmente" las palabras de 'ultimatum' lanzado por el presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, de romper los pactos con el Partido Popular en todas las comunidades donde gobiernan de manera conjunta si el PP no se opone al reparto de migrantes.

Sin comunicación directa

También explicó Gallardo, a preguntas de los periodistas tras la firma de un convenio de la Junta con la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León para la simplificación administrativa, que no ha hablado de forma directa con el presidente de la Junta sobre esta cuestión "en las últimas horas y días", pero que lo hacen "sus equipos".

En todo caso, aprovechó el vicepresidente autonómico las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que dijo ayer que la Comunidad actuaría con "altura de miras" en el reparto de menores migrantes, que para Vox esa altura de miras es "cumplir la Ley de Extranjería" del año 2000, que "dice que cuando alguien accede de manera irregular a España, lo natural y ordinario es que se repatríe".

Por ello, apuntó que lo que espera Vox de la acción del Gobierno autonómico y de "sus respectivas consejerías" es "el cumplimiento de la ley y del pacto de gobierno, que tiene un punto en el que se dice que se va a combatir la inmigración ilegal y la actividad de las mafias ilegales de tráfico de personas".

"Cuando uno tiene una relación de gobierno de coalición, lo natural es atender a las peticiones de un socio, más cuando no son tan frecuentes las peticiones esenciales e irrenunciables", verbalizó García-Gallardo, recordando que para Vox "es irrenunciable combatir la inmigración ilegal" y que, por ello, le han pedido a su socio de gobierno en Castilla y León que "haga todo lo posible, en lo político y en lo jurídico, para evitar la inmigración ilegal y cortar de raíz el efecto llamada".

Esperó, en ese sentido, una "oposición política total a la inmigración ilegal". "Si eso pasa por manifestar oposición en la Conferencia Sectorial de este miércoles, habrá que hacerlo", continuó, bajo el prisma de que, de lo contrario, se podría incurrir, a su juicio, en "una dinámica que llevaría al desastre absoluto, que es la del buenismo".

Se refirió entonces a la situación de "sociedades de nuestro entorno" donde, según García-Gallardo, "se está deteriorando la convivencia" y puso como ejemplo barrios de París, Bruselas o Malmo para señalar que "se empiezan a detectar algunas cuestiones en Castilla y León que nos llevan a estar alerta".

Solidaridad con Canarias

En cuanto a la premisa establecida por el PP en el Gobierno de Castilla y León de que acoger los migrantes es actuar en solidaridad con la comunidad autónoma de Canarias, García-Gallardo mostró su disconformidad, reiterando su petición de que la Junta "se oponga al reparto de los considerados menores extranjeros no acompañados porque hacerlo es ser solidario con Canarias".

Justificó el vicepresidente de la Junta esa postura bajo el prisma de que "si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo, no sirve para nada y de que España no tiene política migratoria y ha renunciado a aplicar sus leyes en materia de extranjería".

Se mostró así partidario de "acoger a todas las personas que huyen de la guerra", poniendo como ejemplo la "injustísima guerra de Rusia con Ucrania", donde Castilla y León "ha estado a la altura acogiendo a mujeres y niños ucranianos en nuestra Comunidad".

"Pero que me diga a mí alguien en qué guerra está Marruecos y por qué solo vienen varones", se preguntó a continuación, reclamando "donde están las mujeres y los niños de verdad, o los ancianos", en la actual crisis migratoria. "Somos solidarios y respetuosos con los derechos humanos, pero hay que cortar ya estos negocios de las mafias ilegales", concluyó, pidiendo al PP que "se una a esta dinámica de pedir seriedad en la política migratoria" que, según García-Gallardo, ha emprendido Vox para "frenar esto".

En caso de que eso no ocurra, García-Gallardo repitió las palabras pronunciadas ayer en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes: "Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogemos el honor". Matizó, en todo caso, que desde su partido deben analizar "con seriedad" las actuaciones que emprenda su socio de gobierno, ya que una decisión "de tal calado" como la de romper el gobierno autonómico "no se decide en dos tardes". Pero reiteró, ante la pregunta sobre si estaría dispuesto a dejar el cargo: "No le quepa ninguna duda".