Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de España que tome "todas las medidas necesarias" contra las leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y Valencia, y la aprobada en Aragón, con el fin de que se garantice el estricto respeto "de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos". Así consta en el documento que firman tres relatores de la ONU tras la petición de amparo del Ejecutivo nacional.
"Las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", indican los expertos Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, que añaden que las normas "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".
La ONU añade que estas leyes podrían "acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas"; obstaculizar o suprimir inciativas, como las exhumaciones que promueven las asociaciones de Memoria Histórica, al tiempo que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". Añaden que, además, "evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista".
El Gobierno de España decidió el pasado mes denunciar ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el anteproyecto de la ley de la Concordia que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como el de la Comunidad Valenciana y la Ley de Aragón.
A su juicio, estas leyes son "contrarias" a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática, por lo que además de ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional, se elevarán a las principales instancias Europeas e Internacionales por su "gravedad".
En el caso de Naciones Unidas, el Gobierno recurrió al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evaluara la conformidad de estas leyes con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
Además, en el Parlamento Europeo decidió promover distintas iniciativas, y en el Consejo de Europa, invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos, promover un debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.