El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, mostró hoy sus sospechas sobre los relatores de Naciones Unidas que reclaman al Gobierno de España que tome "todas las medidas necesarias" contra las leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y Valencia, y la aprobada en Aragón.
García-Gallardo se preguntó hoy "quiénes son los relatores, qué saben de la legislación española y qué saben sobre el contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento".
El dirigente de Vox comentó que están "deseando" recibir formalmente el documento para analizar su contenido e insistió en que verán si los relatores que se han encargado de su redacción "tienen una visión imparcial de la situación o si por su trayectoria están condicionados".
En este contexto, defendió de nuevo que "es de justicia tratar de una manera neutral y amplia a todas las victimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX, de eso no nos va a mover la ONU".
Preguntado por la posibilidad de que se modifique el texto registrado en las Cortes junto al PP, para la inclusión de una condena expresa a la dictadura franquista, el vicepresidente de la Junta sentenció que "no sería razonable su modificación". Juan García-Gallardo argumentó que "las leyes no están para eso", sino para actuar en el ámbito de las competencias de la Comunidad y "ambos partidos estamos absolutamente de acuerdo en que nadie debe sufrir el dolor de tener un familiar enterrado en una cuneta".
"Todo el mundo merece que se respete su dignidad y si por persecución religiosa en la II República y política durante franquismo, tiene un familiar tirado en una cuneta, esa persona verá que tiene respetada su dignidad, lo demás son bombas de humo de la izquierda y maniobras de distracción", dijo.
García-Gallardo insistió en que la ley de concordia no va a "condenar la reconquista por islamofobia, ni los reyes católicos por antisemitismo, ni la reconversión al catolicismo de Recaredo. No vamos a hacer cosas absurdas como juzgar la historia desde las leyes; y ofrecemos una ley a la ciudadanía que ampare a todos tipo de victimas de persecución política y religiosa".
Por último, recordó el compromiso de presentar el texto legislativo en junio del año 22, lo que supone que se ha demorado, a causa, dijo, de unas negociaciones "pausadas, con serenidad y mucho diálogo" que permitieron "llegar a un consenso" y "no sería razonable su modificación".