Los directivos de Gesturcal contaban con plenos poderes para realizar operaciones de calado como la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda o la adquisición de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, según confirmó hoy el exsecretario general de la Consejería de Hacienda Francisco Javier De Andrés Guijarro, en su declaración en el juicio del 'caso de la Perla Negra' que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid.

A preguntas del Ministerio Fiscal, De Andrés Guijarro explicó que cuando se pidieron explicaciones tras conocer la compra de los terrenos de Portillo en una reunión del Consejo de Administración de Gesturcal en marzo de 2011, los responsables de la sociedad argumentaron que la operación se había llevado a cabo legalmente. Al mismo tiempo, recalcó que fue la propia Begoña Hernández, que entonces era la consejera delegada, la que dio diferentes explicaciones y argumentó que la fórmula elegida para los terrenos de Portillo era la más idónea, dado que de esta forma se evitaban procesos más costosos como podrían ser las expropiaciones.

De Andrés Guijarro también recalcó que tanto a él como al exdirector general de Presupuestos, José Armando Baeta, les llamó la atención esta operación por realizarse en un momento de crisis en el que las ventas de terrenos industriales estaban reduciéndose y por el endeudamiento que ya arrastraba Gesturcal. No obstante, matizó que la situación patrimonial de la sociedad era correcta, por lo que se planteó un plan de choque para mejorar la liquidez.

En su declaración, también dejo claro que la Consejería de Hacienda no tenía ninguna competencia sobre Gesturcal y su control se limitaba en el caso de tener que autorizar alguna operación de endeudamiento.

Sentencia del TSJ

La argumentación de que la fórmula elegida para la compra de los terrenos de Portillo a través de un promotor privado era la más adecuada y ventajosa para las arcas de la Junta también fue defendida hoy en el juicio por un empleado de ADE Parques que participó directamente en las negociaciones con los promotores. En este sentido, además de indicar que este polígono y el Parque de Proveedores de Renault se desarrollaron en una fase inicial de forma paralela, confirmó que en la negociación hubo un tira y afloja, dado que los promotores partían de un precio inicial de 34 euros por metro cuadrado, que finalmente se redujo a 12 euros, el mismo marcado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que condenó a la Junta por otro caso y estableció este justiprecio.

Además, este empleado rechazó haber recibido cualquier tipo de presión por parte de Rafael Delgado y recalcó que en esta operación, como en todas las que participó, el objetivo siempre fue defender los intereses públicos. También apuntó que el precio de los terrenos pagado entonces para la construcción de otros polígonos en la Comunidad fue el doble o el triple. "Fue una operación muy buena", sentenció.

En la jornada de hoy también declaró el actual viceconsejero de Economía y que en su día fue vocal de Gesturcal y director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, que explicó que la compra de los terrenos de Portillo fue inducida desde la Consejería de Economía. Según apuntó, en esos años el propio Tomás Villanueva planteó la necesidad de "hacer un esfuerzo" para incrementar la bolsa de metros industriales en la Comunidad.

Esta petición, según explicó, se plasma en el Acuerdo Marco de Competitividad Industrial que se firma en diciembre de 2005 entre los agentes sociales -UGT, CCOO y CEOE- y la Junta, en el que se pone de manifiesto la necesidad de contar con más suelo industrial en Castilla y León para provocar la llegada de empresas. Además, puntualizó que en reuniones internas de la Consejería se pone de manifiesto que este esfuerzo se debía realizar de forma especial en la zona de sur de la Comunidad, en las provincias de Ávila, Segovia, sur de Valladolid y partes de Soria y Salamanca, dado que el 30 por ciento de las empresas que entonces se instalaban en Castilla y León procedían de Madrid.

Martín Tobalina también reconoció que fue Rafael Delgado el que le encargó convocar una reunión con los promotores de los terrenos de Portillo, dado que entre ellos se encontraban los responsables de San Cayetano, empresa con la que él, como director general de Industria, mantenía una cierta relación al estar negociándose en esos meses la crisis provocada por la deslocalización de Smurfit y la colocación en San Cayetano de los 40 trabajadores que se quedaban en la calle. No obstante, dejó claro que él no tenía competencias en la adquisición de suelo y que se limitó a organizar la reunión.

La quinta jornada del juicio arrancará el próximo lunes, día 11, a las 10.30 horas. La próxima semana está previsto que declaren como testigos el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que lo hará el jueves 14, mientras que dos días antes, el martes 12, será el turno de la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo.