La excúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León durante el mandato de Tomás Villanueva se sentará a partir del lunes, 26 de febrero, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid por el denominado caso de 'La Perla Negra', un juicio que está previsto que se prolongue hasta el mes de mayo.

En concreto, la vista oral se desarrollará durante 26 jornadas. En febrero se celebrarán tres sesiones, los días 26, 27 y 28. En marzo continuará los días 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 18, mientras que en abril se celebrará: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 y 30. Las últimas tres jornadas del juicio están previstas para los días 6, 7 y 8 de mayo.

Cabe recordar que en marzo de 2022 y una vez iniciado el juicio, la Audiencia Provincial decidió su suspensión y devolver la caso al Juzgado de Instrucción 2 al considerar que no se ha dado traslado completo de todas las actuaciones a las partes y con el fin de evitar que se vulnere el derecho de defensa de los acusados.

La previsión, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es que las cuestiones previas ocupen los tres primeros días de juicio. Posteriormente, comparecerán los 90 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas, entre los que se encuentran el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Tras ellos, previsiblemente a partir del 11 de abril, tendrán lugar las declaraciones de los doce acusados. Después, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados, según informa Ical.

En la vista se juzgarán los delitos relacionados con la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo, ambos en Valladolid. En total son doce las personas imputadas, entre ellos los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que solicita la Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

Fraude

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta. En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.