Esta semana, como parte de los actos conmemorativos del 93 aniversario de la II República, la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD) ha organizado el I Ciclo de cine Silverio Lumbreras, que está teniendo lugar en los cines Mercado, con tres documentales: El ADN de la memoria, La cárcel de curas y La escuela fusilada. Además, la asociación prevé otros actos festivos con motivo de la citada efeméride, incluyendo el tradicional vermú y comida popular republicana, y ya en horario de tarde, talleres artísticos infantiles. Toda esta nutrida programación llega en un momento en el que los ánimos están caldeados a causa de la proposición de la Ley de Concordia, que la coalición que lidera la Junta de Castilla y León está tratando de impulsar. Una Ley que no está siendo exclusiva de nuestra Comunidad -otras regiones, como Aragón y Valencia también la están promoviendo-, y que pretende, entre otras acciones, unificar hechos sucedidos entre 1931 -correspondientes a la Segunda República- y 1978 -cuando se aprobó la Constitución Española-, bajo el argumento de «rechazar cualquier vulneración de los Derechos Humanos», e insistiendo en una «correlación histórica entre los dos períodos». Ante esto, y según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de salir adelante será recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. 
El título de esta columna hace referencia al manifiesto que un grupo de historiadores, investigadores y profesorado de Castilla y León han redactado y firmado para mostrar su desacuerdo con la citada Ley, y que se puede leer en el blog www.conversacionsobrehistoria.info. Según este colectivo, comparar los episodios históricos de la II República con la Dictadura franquista «resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura». Añaden, además, que no es cuestión de discriminar «a la hora de dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia política», sino que es fundamental otorgar «una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que, durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas».  Así mismo, ponen el foco en el hecho de que esta proposición de ley suponga un ocultamiento de información tanto a nivel micro -de las víctimas-, como macro: de las asociaciones de memoria histórica y la Universidad-.  Este manifiesto se suma a otras voces contrarias, como las de 11 asociaciones memorialísticas de la región, unidas en contra de la polémica propuesta legislativa.
Es más que evidente que lo sucedido en nuestro país entre los casi 50 años de historia que separa la II República de la creación de la Constitución ha sido, es y será motivo de conflicto entre la ciudadanía. Sin embargo, los avances conseguidos habían sido muchos para permitirnos un retroceso de tal calibre. Decía Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que para que la memoria siga viva, hay que hablar de lo que ha sucedido. Esto también es uno de los puntos claves para la ASRD, que considera que la educación es básica para asegurar las garantías de no repetición. Y es que saber lo que ocurrió es fundamental para el presente, pero sobre todo para el futuro, un futuro en el que reine la justicia y la paz.