Los resultados electorales han querido que durante estas semanas se hable de la gobernabilidad en España. No es una situación nueva puesto que es un hecho que se ha repetido siempre que no ha habido mayorías absolutas. La diferencia es que ahora el panorama político es mucho más complejo. Es lo que tiene una democracia representativa como la nuestra. Con los peores resultados de las últimas citas electorales, la aritmética parlamentaria ha querido que los partidos nacionalistas, imbuidos en exigencias cada vez más soberanistas, tengan la llave de la gobernabilidad y que tome protagonismo un personaje huido de la justicia. Esto abre un escenario especialmente incómodo para muchos ciudadanos, que asisten expectantes a la irrupción de debates ásperos, de difícil encaje constitucional, que sonrojan la hemeroteca, crean precedentes no deseables y comprometen incluso la propia democracia, como la ley de amnistía, la autodeterminación o el modelo plurinacional de estado que plantea el Lendakari Urkullu. Las respuestas, como suele pasar en este país, son contrapuestas.
Aunque lo han practicado los dos partidos mayoritarios, no es bueno que ciertos debates queden vinculados a los problemas de gobernabilidad. No deberían depender del mayor o menor sentimiento nacionalista de los distintos territorios, expresado en las urnas. El tema catalán, la desconexión de España de cientos de miles de catalanes es probablemente el primer problema que tiene este país; pero no debe eclipsar otros no menos importantes. La necesidad no esconde la buena voluntad del gobierno de lograr la reconciliación y solucionar los problemas de convivencia en Cataluña, para los que ya se ha apuntado algunos éxitos. No se trata de que los partidos nacionalistas abandonen sus legítimas aspiraciones, sino de que la ciudadanía perciba un entorno político distinto con el que podrían converger. Los independentistas tienen muy fácil vender la 'arcadia feliz', pero también habría que poner en valor lo que se ha conseguido juntos como sociedad, dentro de la UE, y lo que se podría lograr con un consenso territorial que congeniara la igualdad geográfica con los supuestos derechos históricos. Aunque, a decir verdad, iguales, iguales no hemos sido nunca, por múltiples razones.
La situación a la que se ha llegado es un cóctel de elementos -históricos, políticos, económicos, sociales, territoriales, culturales, etc.- tan complejo y tan imbricado que es difícil que de él pueda salir un acuerdo que guste a una mayoría amplia de ciudadanos en todos los territorios. ¿Vale la pena intentarlo o lo mejor es ir a elecciones? Pues va a depender mucho de las aspiraciones de los grupos nacionalistas, enredados además en una competencia electoral, y de que se puedan canalizar. No todo vale. Los pronósticos de las encuestas son que tampoco van a variar mucho los resultados. Algunos quieren zanjarlo rápidamente con un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Una solución impensable hoy en día por la distancia que hay entre ellos, aunque también tendría sus riesgos en un país tan complejo. Pero hay dos intereses convergentes que podrían desatascar la legislatura: El del actual gobierno por continuar su política de progreso y el de Puigdemont por mantener en portada el independentismo catalán.
Fruto de este debate, surge otro tema de reflexión que es el manejo partidista de algunos conceptos como el de nación y plurinacionalidad, que llevaría mucho tiempo analizar. El concepto de nación es un término polisémico que, desde mediados del siglo XIX, se ha asociado a distintas características de la población que habita en una región, bien sea la raza, la lengua, la religión, etc. Escucho a algunos líderes del PNV que el reconocimiento del País Vasco como nación supone legitimar el derecho a decidir. También he oído que utilizar las distintas lenguas es demostrar a los políticos de otros partidos que hablas con alguien de otro país. Hay que tener cuidado con estas aseveraciones, porque el término Nación en las Relaciones Internacionales es un concepto histórico-cultural y no político-jurídico, como pretenden algunos grupos nacionalistas. Eso no quita la necesidad de abrir un debate sobre la organización territorial del estado. El concepto de Estado permite múltiples sistemas de organización, y encontrar puntos de encuentro debe ser el trabajo de los políticos. Hemos defendido en este foro la reforma del Senado y la construcción de un marco que permita el desarrollo de todas las comunidades, sin perder la solidaridad interterritorial entre todas ellas.